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Máximo tribunal dijo que la administración de Biden tiene derecho a suspender esta política.
Washington.- La Corte Suprema determinó que la administración de Joe Biden puede eliminar el programa “Quédate en México” (Remain in Mexico), heredada del gobierno de Trump y que impidió a un mínimo de 70,000 migrantes centroamericanos entrar a Estados Unidos para pedir asilo.
El presidente Biden intentó en dos ocaciones revocar esa medida implementada en enero de 2019.
En ambas, funcionarios de Texas y Missouri frustraron su intento convenciendo a las cortes de que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no siguió el proceso debido.
La administración Biden alegó que si el Congreso quería impedir a todos los migrantes que buscan asilo de entrar al país mientras se realizan sus audiencias, habría provisto suficiente dinero para albergarlos a todos, y que nunca lo ha hecho.
Políticos de línea dura en seguridad fronteriza se quejaron de que la política de “capturar y liberar” no ha hecho más que alentar a los migrantes a cruzar ilegalmente al saber que probablemente pasarán varios años en Estados Unidos mientras esperan el resultado de sus casos.
En declaraciones orales el 26 de abril, los jueces parecían confundidos por las instrucciones contradictorias que recibían del Congreso: la crónica falta de fondos para espacios de detención, aunada a instrucciones de que las autoridades federales “pueden detener” o “deben detener” a los migrantes en ciertas circunstancias.
Las posturas de los jueces
“Nadie niega que DHS carece de la capacidad suficiente para detener a toda persona que deba ser detenida”, dijo la abogada general federal Elizabeth Prelogar a los magistrados.
“Comprendo su posición, que es que no puede detener a suficientes personas”, dijo el primer juez John Roberts.
“Los hechos en cierta forma se han impuesto a la ley, pero no deja de ser nuestro trabajo, indicar qué dice la ley”.
La ley federal da a las personas que buscan asilo el derecho a solicitarlo en suelo estadounidense, pero pueden pasar años para que le den una audiencia.
Trump y otros que querían restringir la inmigración sin documentos sostienen que un sinnúmero de migrantes se aprovechan de las demoras para quedarse en Estados Unidos indefinidamente, y que muchos tienen falsos argumentos para pedir asilo.
El objetivo de la política Quédate en México del expresidente Trump, formalmente Protocolos de Protección a Migrantes (PPM), era resolver ese problema.
Los migrantes que buscan asilo provenientes de países que no sean México y que arriben a la frontera del suroeste, ya sea en los puertos de entrada o entre ellos, son retornados a México a esperar sus audiencias en corte de inmigración en Estados Unidos.
Para cuando Biden asumió el poder, unos 70,000 migrantes habían sido expulsados en un periodo de dos años.
Muchos terminaron en peligrosos y antihigiénicos campamentos de refugiados al sur de la frontera, sobre todo uno en condiciones deplorables en Matamoros, que fue desalojado y levantado después de la primera vez que Biden trató de revocar el programa
A regañadientes
Entre ellos estaban al menos 16,000 niños que llegaron acompañados de algún familiar, aunque los niños que llegon solos no son expulsados.
Los ciudadanos mexicanos son expulsados o detenidos bajo bajo otras cláusulas.
En diciembre, la administración Biden reanudó con renuencia el programa Quédate en México por órdenes del juez de distrito federal Matthew Kacsmaryk, designado por Trump, en Amarillo.
México obtuvo concesiones a cambio de seguir cooperando: vacunas covid-19 para todos los migrantes sujetos a la política; el compromiso de concluir sus casos dentro de 180 días –lo que exigía docenas de jueces de inmigración más–; y facilitar el acceso de los migrantes a un abogado, especialmente quienes tienen miedo de regresar a México.
Activistas en ambos bandos vieron el caso Biden vs. Texas como una prueba del poder de discreción presidencial sobre política migratoria.
La administración Biden alegó que Quédate en México en sí mismo era una forma de discreción ejecutiva.
El procurador general de Texas Ken Paxton ha acusado al gobierno de Biden de tener un “acuerdo tácito” con los contrabandistas para permitir que los migrantes en efecto entren a Estados Unidos sin impedimentos, “presumiblemente para votar”.
No hay pruebas que respalden esa afirmación, que él vertió en las escalinatas de la Corte Suprema después de las declaraciones orales del 26 de abril.
“Quieren que venga tanta gente como sea posible aquí y se lo han hecho saber a los cárteles”, aseveró Paxton.
¿Y si México se retira del programa?
Magistrados de todo el espectro ideológico han expresado escepticismo sobre la postura de Texas durante argumentos orales y citan la falta de dinero y espacio de detención y el hecho de que la política depende de la cooperación de México, que puede retirar en cualquier momento.
“México puede cambiar de opinión en cualquier día”, magistrada la juez Elena Kagan, al afirmar que la postura de Texas daría el control de la política de asilo federal a los gobiernos de Texas y México.
Biden puso fin a inscripciones en Quédate en México a pocas horas de ser juramentado como presidente.
En cinco meses la administración había permitido a 13,000 personas previamente inscritas entrar a Estados Unidos a esperar sus audiencias.
El secretario del DHS Alejandro Mayorkas rescindió por completo Quédate en México el 1 de junio, pero cortes menores han mantenido vivo al programa.
Los estados de Texas y Missouri presentaron demandas acusando al DHS de no seguir el proceso correcto.
El 15 de agosto el juez Kacsmaryk ordenó al DHS continuar aplicando la política hasta que el gobierno tuviera suficiente capacidad para detener a todos los migrantes que deban ser detenidos.
La Corte de Apelaciones del 5to Circuito, con sede en New Orleans, ratificó la orden.
El representante Michael McCaul de Austin, el republicano de más alto rango en el Comité de Asuntos Extranjeros de la Cámara de Representantes, fustigó a Biden por tratar de poner fin a Quédate en México.
Volver al esquema de “capturar y liberar”, dijo McCaul en Fox News el domingo, hará más grande el problema de la inmigración ilegal, que ya ha alcanzado niveles récord bajo el gobierno de Biden.
Mayokas emitió un nuevo memorándum el 29 de octubre poniendo fin por segunda vez al PPM e insistió en que esa vez sí había seguido el proceso al pie de la letra.
Según datos dados a conocer la semana pasada, del 6 de diciembre al 31 de marzo habían sido agregadas otras 3,012 personas, de las cuales 1,802 fueron retornadas a México.
La Suprema Corte acordó en febrero escuchar los argumentos del caso.
