Coalición de 164 organizaciones exige al Senado frenar presupuesto “récord” para detenciones y deportaciones.
Washington, D.C.— En una ofensiva coordinada contra las políticas de mano dura, una coalición de 164 organizaciones defensoras de los derechos civiles ha instado formalmente al Senado de Estados Unidos a rechazar un incremento presupuestario de 140 mil millones de dólares destinado a las agencias migratorias ICE y CBP para la próxima década. La propuesta, impulsada por la mayoría republicana, busca blindar financieramente la estrategia de control fronterizo y expulsiones masivas de la administración Trump.
A pesar de la férrea oposición de diversos sectores, la medida ya superó un primer obstáculo legislativo con una votación que permite avanzar en la asignación de recursos extraordinarios para el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP). Activistas y asesores legales han calificado este movimiento como una “vergüenza”, argumentando que estos fondos solo servirán para expandir un sistema que ya ha demostrado ser letal; tan solo en lo que va del año, se han reportado 17 fallecimientos de personas bajo custodia federal.
Desde organizaciones como la ACLU y United We Dream, se advierte que este nuevo gasto se suma a una bolsa ya aprobada de 170 mil millones de dólares, lo que refleja un aumento sostenido en la militarización de la migración en lugar de invertir en soluciones humanitarias. La postura de las organizaciones es clara: cualquier reforma real debe priorizar mecanismos de regularización y una vía hacia la ciudadanía para los millones de inmigrantes que contribuyen a la economía del país, en lugar de fortalecer la infraestructura de detenciones masivas. Por ahora, el Congreso se prepara para una batalla presupuestal donde el presupuesto migratorio se ha convertido en la pieza central de la negociación política.
