Cumple un año la Fiscalía Ambiental de Nuevo León sin titular oficial.
MONTERREY, NUEVO LEÓN.— A un año de su histórica creación legislativa, la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental de Nuevo León continúa operando en el limbo institucional. A pesar de que el organismo nació con la consigna de castigar con severidad los delitos ecológicos en una de las zonas metropolitanas más contaminadas del país, el puesto de fiscal especializado definitivo permanece vacante, delegando la responsabilidad a una dirección interina de manera indefinida.
El balance de este primer año revela un panorama crítico: mientras el nombramiento oficial sigue congelado, la crisis climática y la exigencia ciudadana han disparado las denuncias a niveles récord en la entidad.
Línea del tiempo: El retraso en el nombramiento
La parálisis en la designación definitiva ha ignorado los plazos legales establecidos originalmente por el Poder Legislativo:
- 30 de abril de 2025: El Pleno del Congreso de Nuevo León aprueba por unanimidad la creación de la Fiscalía Ambiental. Se otorga un plazo obligatorio de 30 días naturales al Fiscal General para nombrar al titular.
- Junio de 2025: Tras vencerse el plazo constitucional, la Fiscalía General de Justicia del Estado designa a Mónica Lizett Reyes Garza (quien provenía del área jurídica de la Fiscalía de Feminicidios) únicamente como fiscal ambiental interina.
- Mayo de 2026: Se cumple el primer aniversario del organismo. El Fiscal General, Javier Flores Saldívar, reconoció que la dependencia seguirá marchando bajo la figura de interinato, argumentando que el área opera con normalidad, aunque admitió que no existe una fecha oficial para concretar el nombramiento definitivo.
Explotan denuncias ambientales: El reto en cifras
La ausencia de una cabeza institucional permanente coincide con el peor momento en materia de incidencia delictiva ecológica en Nuevo León. Las carpetas de investigación por contaminación del aire, incendios forestales provocado, tiraderos clandestinos y maltrato animal pasaron de ser casi inexistentes a convertirse en un problema sistémico.
De acuerdo con las estadísticas oficiales de la Fiscalía General de Justicia del Estado, la evolución de las denuncias durante el primer cuatrimestre (enero-abril) de los últimos años muestra un crecimiento exponencial:
2022 (Ene-Abr): 7 denuncias
2023 (Ene-Abr): 22 denuncias
2024 (Ene-Abr): 20 denuncias
2025 (Ene-Abr): 119 denuncias
2026 (Ene-Abr): 170 denuncias 📈 (Incremento del 43% respecto al año anterior)
En apenas cuatro años, las querellas formales por daños a la naturaleza se incrementaron en más de un 2,300 por ciento para un mismo periodo, impulsadas por la creciente presión pública y la visibilidad de las afectaciones derivadas de actividades industriales y el desarrollo urbano desmedido.
Cuestionamientos a la efectividad
Activistas y colectivos ciudadanos han manifestado que mantener un interinato debilita la fuerza política y operativa de la Fiscalía Ambiental, pues limita su capacidad para realizar convenios a largo plazo, solicitar mayor presupuesto autónomo o ejercer una persecución penal contundente contra las grandes empresas contaminantes de la región.
