Familias acusan encubrimiento a militares y exigen justicia a la presidenta.
NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS.— A las puertas de cumplirse tres años del asesinato de cinco jóvenes a manos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), el caso continúa en la total impunidad. Familiares de las víctimas y sus representantes legales realizaron un acto luctuoso y de protesta a un costado de la tienda Smart Zapata —sitio donde ocurrió la ejecución— para denunciar las tácticas dilatorias que han congelado el proceso judicial y exigir la intervención directa del Gobierno Federal.
El frente jurídico de las familias reveló que las audiencias para abrir el debate definitivo han sido diferidas de manera sistemática, fijando ahora el inicio del juicio penal hasta el próximo 10 de agosto de 2026.
La contradicción que sepultó la versión oficial
El caso, que detonó un escándalo internacional de derechos humanos, dio un giro radical tras la filtración de un video de seguridad. La grabación contradijo abiertamente el informe inicial de la SEDENA —que alegaba un “enfrentamiento armado con civiles agresores”— al demostrar que los cinco jóvenes ya habían sido sometidos, desarmados y puestos boca abajo en el suelo antes de ser ejecutados por los uniformados.
A pesar de la contundencia de las pruebas audiovisuales, el alcance de la justicia ha sido limitado:
- Detenciones iniciales: 16 elementos militares fueron arrestados en el primer año de investigaciones.
- Procesados actuales: Solo siete militares continúan bajo proceso penal formal enfrentando cargos por el delito de homicidio calificado; el resto ha librado las acusaciones principales.
El clamor de las familias: “Parece que protegen a los militares”
Durante la concentración, las madres y viudas de los jóvenes compartieron el profundo desgaste emocional y económico que les ha provocado un sistema judicial que perciben paralizado de forma deliberada.
“Ya van tres veces que nos posponen la audiencia para iniciar el juicio. Tal pareciera que el gobierno está protegiendo a los militares”, sentenció Beatriz Cuevas Bracamontes, esposa de Clinton Alex Blucha Pérez, una de las víctimas.
Por su parte, Aidee Pool Cervantes, madre de José Ángel Moreno Pool, expresó entre lágrimas el vacío dejado por su hijo: “Yo quiero justicia para mi hijo porque ya es mucho tiempo… Ayer que fue 10 de mayo (Día de las Madres) no lo tuve. Es un gran dolor”. El mismo reclamo de celeridad fue respaldado por Yoseline Patiño (esposa de Edgar Chavarría) y María Inés Vega (madre de José Isabel Romero), quienes exigieron frenar los pretextos burocráticos.
Llamado urgente al Poder Ejecutivo
Ante el colapso operativo de los juzgados federales en el estado, el abogado de las víctimas, Edgar Netro Acuña, lanzó una petición pública a la titular del Ejecutivo Federal para destrabar el acceso a la justicia en Tamaulipas.
“Queremos hacerle un llamado a la presidenta de la República para que tome las medidas necesarias y nombre más jueces, que son necesarios para que las víctimas tengan acceso a la justicia”, apuntó el litigante, acompañado por el abogado José Roberto Puente Martínez, quienes reiteraron que la demanda colectiva abarca la sentencia condenatoria máxima, la reparación integral del daño y garantías reales de no repetición por parte de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública.
