Los Ardillos desplazan a mil familias indígenas; denuncian uso de drones y explosivos.
CHILAPA DE ÁLVAREZ, GUERRERO.— Una nueva escalada de violencia paramilitar ha provocado una crisis humanitaria en el corazón de Guerrero. El Congreso Nacional Indígena (CNI) y el CIPOG-EZ lanzaron un “grito urgente de auxilio” este 10 de mayo, tras confirmar que entre 800 y 1,000 familias han sido desplazadas de las comunidades de Tula, Xicotlán y Acahuetán debido a ataques sistemáticos perpetrados por el grupo criminal Los Ardillos.
Según los testimonios recolectados, el grupo delictivo no solo utiliza armas de grueso calibre, sino que ha sofisticado sus tácticas mediante el uso de drones de vigilancia y el lanzamiento de artefactos explosivos contra la población civil, operando bajo un esquema táctico de carácter paramilitar que mantiene bajo fuego a la región desde el pasado miércoles 6 de mayo.
Omisión gubernamental y militar
La denuncia del CNI apunta directamente a la negligencia de las autoridades estatales y federales:
- Medidas cautelares ignoradas: Desde 2021, la CNDH dictó medidas de protección para estas comunidades, las cuales, según el comunicado, han sido ignoradas por el gobierno de Evelyn Salgado.
- Inacción del Ejército: Los habitantes denunciaron que elementos del Ejército Mexicano presenciaron los ataques y el desplazamiento sin intervenir para detener la entrada del grupo criminal a los poblados.
- Vulnerabilidad extrema: El desplazamiento forzado ocurre en pleno Día de las Madres, afectando principalmente a niños, mujeres y ancianos que se encuentran refugiados en comunidades vecinas que también corren riesgo de ser atacadas.
Exigencias al Gobierno de Claudia Sheinbaum
Ante la gravedad de los hechos, las organizaciones indígenas exigen al Gobierno Federal una intervención inmediata que incluya:
- Atención urgente a las familias desplazadas de Tula, Xicotlán y Acahuetán.
- Desarticulación total de Los Ardillos, señalando sus presuntos vínculos con otros grupos criminales que han recrudecido la violencia.
- Investigación a funcionarios y militares que por omisión o complicidad permitieron el avance del grupo armado.
- Reconocimiento de la crisis: El CNI instó al Estado a dejar de ocultar la situación de violaciones sistemáticas a los derechos humanos en la Montaña Baja.
La situación en Chilapa permanece en estado crítico, con informes de que los ataques continuaban hasta la noche del domingo, mientras las familias desplazadas se encuentran sin alimentos ni refugio seguro, esperando una respuesta de la Ciudad de México ante la parálisis del gobierno estatal.
