La administración Trump planea abrir un centro de operaciones en Luisiana para acelerar la deportación de familias y niños migrantes
NUEVA ORLEANS, LUISIANA.— El gobierno del presidente Donald Trump proyecta la apertura de una nueva instalación con capacidad para 528 camas diseñada específicamente para albergar a familias migrantes y menores no acompañados. El complejo estará ubicado de forma estratégica a un costado de un centro de conexiones aéreas en Alexandria, Luisiana, con el objetivo de optimizar la logística y acelerar los procesos de deportación masiva.
El Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ha catalogado este sitio oficialmente como un “área de preparación” o “zona de transbordo” (staging area), rechazando el término de centro de detención, y asegura que los migrantes permanecerán en el lugar un máximo de 72 horas antes de ser expulsados del país. Con esto, el gobierno busca evitar los colapsos logísticos del año pasado, cuando niños de origen guatemalteco tuvieron que esperar durante horas en las pistas de aterrizaje en Harlingen, Texas, debido a la falta de infraestructura de resguardo perimetral.
Privatización y opacidad en la operación del centro
La estructura operativa del complejo ha encendido las alarmas entre defensores de los derechos humanos debido a la exclusión de los canales institucionales regulados y la participación de corporaciones de prisiones privadas:
- Exclusión del aparato de salud: Por ley, los menores no acompañados deben ser puestos bajo el cuidado de la Oficina de Reasentamiento de Refugiados (ORR) dependiente del Departamento de Salud y Servicios Humanos. Sin embargo, voceros aeroportuarios confirmaron que dicha agencia no está involucrada en el proyecto de Alexandria.
- El contratista privado: El contrato fue firmado con el brazo sin fines de lucro de LaSalle Corrections (la LaSalle Family Foundation), una polémica contratista de prisiones privadas. No obstante, correos internos confirman que la matriz de la corporación participará directamente en la operación del centro.
- Fecha de arranque: Ralph Hennessy, director ejecutivo de la Autoridad del England Airpark —antigua base militar donde se edifica el centro—, adelantó que las instalaciones podrían estar operativas a partir de agosto de 2026.
La retórica del gobierno frente a las críticas de activistas
En actas públicas de la junta del parque aeronáutico, los funcionarios han defendido el proyecto calificándolo como un “esfuerzo humanitario” dirigido a familias que deciden “autodeportarse” voluntariamente. Sin embargo, organizaciones civiles argumentan que los migrantes suelen firmar estos retornos bajo intensas presiones psicológicas o por el total desconocimiento de sus opciones de asilo legal.
Para suavizar el impacto de la medida, las directrices internas de ICE prohíben estrictamente a los contratistas referirse a las familias como “prisioneros, detenidos o internos”. Asimismo, se ordenó no utilizar rejas ni jaulas durante los traslados y permitir que las personas vistan su propia ropa.
Alertas por violaciones a derechos humanos: Diversas ONGs temen que el centro de 72 horas termine convirtiéndose en un sitio de reclusión prolongada de meses, tal como ha ocurrido en otros complejos federales. Además, los reflectores están sobre la empresa operadora: desde abril de este año se han reportado dos muertes de detenidos en centros administrados por LaSalle en Luisiana. Aunado a esto, en junio, la Oficina del Inspector General del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) determinó que el Centro Correccional de Winn (operado por la misma firma) violó de manera grave los estándares federales en materia de salud ambiental, alimentación, uso de la fuerza y atención médica.
