El PAN interpone denuncia ante la Corte Penal Internacional por la estrategia “Abrazos, no balazos”
CIUDAD DE MÉXICO.— En un movimiento político y legal sin precedentes para el bloque opositor, la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) acudió formalmente ante la Corte Penal Internacional (CPI) en La Haya, Países Bajos, para interponer una denuncia en contra del expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024). La acusación señala que la política de seguridad denominada “Abrazos, no balazos” constituyó una omisión sistemática del Estado que derivó en crímenes de lesa humanidad y el empoderamiento de los cárteles del narcotráfico.
El anuncio, realizado este domingo 7 de junio de 2026 por el líder nacional del blanquiazul, Jorge Romero, fundamenta el recurso internacional en que las instituciones judiciales de México han perdido su autonomía. Según la oposición, la reforma constitucional que instauró la elección popular de jueces, magistrados y ministros terminó por “capturar” al Poder Judicial en favor del partido oficialista (Morena), anulando cualquier posibilidad de una investigación interna imparcial.
El expediente contra el sexenio anterior: Números e infiltración
La denuncia ante el tribunal internacional fue articulada técnicamente por el abogado y estratega político Roberto Gil Zuarth (actual asesor de la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos). El documento presentado en La Haya expone que la inacción deliberada del gobierno de López Obrador frente a las organizaciones criminales dejó saldos de violencia históricos para el país:
- Homicidios dolosos: Citando cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), el expediente detalla que el sexenio anterior cerró con 201,000 personas asesinadas. Esta cifra supera en un 67% al periodo de Felipe Calderón (121,000 muertes) y en un 29% a la gestión de Enrique Peña Nieto (156,000 muertes).
- Desapariciones y éxodos: Se denuncia un acumulado de más de 150,000 personas desaparecidas, miles de masacres documentadas y el desplazamiento forzado de comunidades rurales enteras debido al control territorial de los cárteles.
- Presuntos vínculos políticos: Jorge Romero señaló que la complacencia institucional facilitó la infiltración del narcotráfico en las estructuras gubernamentales. El líder del PAN hizo mención explícita de las investigaciones periodísticas y ministeriales en curso que vinculan a gobernadores de Morena con el crimen organizado, nombrando explícitamente a Rubén Rocha Moya (Sinaloa), Alfredo Ramírez Bedolla (Michoacán) y Américo Villarreal Anaya (Tamaulipas).
“Estamos exigiendo una investigación internacional porque México merece conocer toda la verdad y porque nadie, ni de broma un expresidente de la República, se llame como se llame, puede ni debe estar por encima de la justicia”, sentenció Romero.
El contraste de López Obrador y el viraje de Sheinbaum
Durante su mandato, López Obrador reconoció que el homicidio doloso era uno de los grandes pendientes de su administración, aunque siempre defendió que su estrategia logró contener el crecimiento acelerado de la curva delictiva que heredó de administraciones pasadas, estabilizando los indicadores en el último tramo de su gobierno.
Por su parte, aunque la actual presidenta Claudia Sheinbaum Pardo mantiene una defensa pública del legado del tabasqueño, la tónica de su administración se ha distanciado notablemente de los “abrazos”. En lo que va de su sexenio, las fuerzas armadas han adoptado una postura de confrontación e inteligencia mucho más agresiva contra el crimen organizado.
