Tamaulipas gestiona ante la Federación nueva prórroga para regularizar 220 mil autos “chocolate”
CIUDAD VICTORIA, TAMAULIPAS.— El Gobierno de Tamaulipas ha puesto en marcha una ofensiva institucional ante el Gobierno federal con el objetivo de rescatar a miles de propietarios de vehículos de procedencia extranjera que se quedaron fuera del decreto de nacionalización a bajo costo. La propuesta busca abrir una nueva ventana del programa para otorgar certeza jurídica y recaudar recursos clave para la infraestructura local.
El director de Oficinas Fiscales del Estado, Marcelo Olán Mendoza, confirmó que la solicitud formal ya se encuentra en las mesas de análisis de las instancias federales competentes, respaldada por una amplia demanda ciudadana.
La magnitud del rezago: 220 mil unidades en el limbo
De acuerdo con los censos y estimaciones de las autoridades hacendarias del estado, el volumen de autos que no alcanzaron a concluir o ingresar al proceso de regularización es masivo. El panorama actual se compone de los siguientes factores:
- El universo afectado: Se calcula que cerca de 220,000 vehículos extranjeros continúan circulando de manera irregular dentro del territorio tamaulipeco.
- La justificación: Olán Mendoza enfatizó que la propuesta está legalmente “fundamentada y motivada”, ya que estas unidades ya se encuentran físicamente dentro de la franja fronteriza y sus dueños mantienen la intención de pagar sus derechos vehiculares.
- La ruta legislativa: La petición no solo se envió a la Presidencia de la República, sino que fue entregada de mano propia al presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público en el Congreso de la Unión para buscar su viabilidad presupuestaria y legal.
Efecto dominó: Otros estados fronterizos se suman a la iniciativa
El funcionario estatal reveló que el problema del rezago no es exclusivo de la entidad, por lo que directores de ingresos y Oficinas Fiscales de otros estados de la República ya han manifestado su intención de adherirse al planteamiento tamaulipeco. Un frente común de gobernadores fronterizos aumentaría significativamente las posibilidades de que la Federación autorice una extensión o una nueva convocatoria del programa especial de regularización en el corto plazo.
