El plan de Trump para subordinar los recursos de los Andes al capital transnacional.
WASHINGTON, D.C.— Bajo el mandato de la administración Trump, América Latina enfrenta una reconfiguración radical de su arquitectura legal y económica. A través de la denominada “Doctrina Donroe”, Estados Unidos está presionando a los gobiernos de la región andina para que adopten el sistema de Solución de Controversias entre Inversores y Estados (ISDS). Este mecanismo otorga a las corporaciones multinacionales el poder de demandar a naciones soberanas ante tribunales extraterritoriales si consideran que políticas domésticas —como el aumento del salario mínimo o protecciones ambientales— amenazan sus “ganancias futuras esperadas”.
El caso más emblemático de esta transición es la reciente Ley Minera de Venezuela, aprobada el 9 de abril de 2026. Tras años de sanciones y la violenta “Operación Resolución Absoluta”, la Asamblea Nacional venezolana, encabezada por Delcy Rodríguez, ha cedido ante las exigencias de arbitraje internacional. Esta concesión marca lo que analistas llaman “ganar la guerra contra el Estado Bolivariano por medio del propio Estado”, transformando a Venezuela de un bastión del nacionalismo de recursos en un corredor de extracción securitizado y favorable a los inversores.
El sistema ISDS: ¿Protección o pérdida de soberanía?
El arbitraje estilo ISDS funciona como una herramienta de “reducción de riesgos” para bancos de desarrollo y transnacionales, pero impone severas limitaciones a la política interna:
- Poder Corporativo: Las empresas pueden multar a los Estados por cientos de millones de dólares.
- Desincentivo Social: Las reformas laborales o ecológicas se vuelven “riesgos legales” costosos para los gobiernos.
- Jurisdicción Extraterritorial: Las disputas no se resuelven en cortes locales, sino en tribunales como el CIADI del Banco Mundial.
Fractura en la Región Andina
Mientras países como Bolivia, bajo el presidente Rodrigo Paz, desmantelan protecciones constitucionales para abrir sus reservas de litio al capital extranjero, surge un eje de resistencia liderado por Colombia:
- Colombia a la vanguardia: El presidente Gustavo Petro inició el retiro de Colombia de los sistemas ISDS y el CIADI en marzo, argumentando que el país tiene 14,000 millones de dólares en riesgo por demandas que “los países en desarrollo casi siempre pierden”.
- Guerra Comercial: En respuesta, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, alineado con los intereses de Washington, impuso aranceles del 100% a los productos colombianos, buscando desestabilizar la economía del país vecino y debilitar la coalición de izquierda de Petro.
- Militarización: La “guerra contra las drogas” se ha intensificado con ataques extrajudiciales del ejército estadounidense en el Caribe y la frontera colombo-ecuatoriana, dejando un saldo de al menos 180 muertos y justificando la necesidad de mayor “seguridad jurídica” para la inversión minera.
A pesar de la presión militar y económica, la hegemonía del dólar enfrenta desafíos externos. La guerra de Trump contra Irán y la inestabilidad en el Golfo Pérsico están acelerando la inflación global, complicando la capacidad de EE. UU. para imponer sanciones a largo plazo. No obstante, por ahora, la Doctrina Donroe ha logrado fracturar la solidaridad de la Comunidad Andina, asegurando que los minerales críticos —vitales para la transición energética global— fluyan hacia el Norte bajo las condiciones dictadas por los tribunales de arbitraje.
