Danna Ingleton, de AI, dijo que la “vigilancia selectiva e ilegítima” de personas defensoras de DD. HH. es “un instrumento de represión”
La organización humanitaria Amnistía Internacional (AI) señaló este lunes que, un año después de las revelaciones sobre el Proyecto Pegasus, sigue sin acordarse la suspensión global de la venta de programas espía, con lo que el sector de la vigilancia continúa operando sin control, como ha sucedido en el último año con ataques individuales en España.
En un comunicado, la organización no gubernamental señala que este proyecto puso en evidencia cómo Gobiernos de todo el mundo estaban utilizando el programa espía Pegasus, de la empresa NSO Group, para vigilar de manera ilegítima a activistas de derechos humanos, liderazgos políticos, periodistas y profesionales del derecho.
Tras reiterados llamados para regular el sector de la vigilancia, se han dado ciertos pasos en la dirección adecuada, pero la actuación de los Gobiernos sigue sin ser suficiente, puntualiza la organización defensora de los derechos humanos.
“Un año después de que las revelaciones sobre el programa espía Pegasus conmocionaran al mundo, resulta alarmante que las empresas de vigilancia sigan beneficiándose de violaciones de derechos humanos cometidas a escala global“, señaló Danna Ingleton, directora adjunta de Amnesty Tech, grupo parte de AI. “El Proyecto Pegasus vino a recordar la necesidad de actuar con carácter de urgencia para regular un sector que carece de control. Es vergonzoso que los Gobiernos del mundo sigan sin dar un paso al frente para abordar en su integridad esta crisis de vigilancia digital”, añadió.
Pegasus: ningún celular está libre de riesgo del sofware espía https://t.co/KlTflhcjxG
— Emilio A. Rufail (@Rufail) July 17, 2022
“Toda persona que haya sido atacada con el programa espía de NSO Group tiene derecho a un recurso efectivo. La falta de medidas de calado por parte de los Gobiernos de todo el mundo supone un insulto para quienes han sufrido física o psicológicamente a causa de los ataques de este invasivo software“, puntualizó. Ingleton agregó que la “vigilancia selectiva e ilegítima” de personas defensoras de los derechos humanos y de la sociedad civil es “un instrumento de represión”, por lo que “ha llegado la hora de someter a control a este sector, que continúa operando en la sombra”.
A lo largo del 2022, AI ha descubierto nuevos ataques con Pegasus en Marruecos, Sáhara Occidental y en Polonia, mientras que ha confirmado que, en numerosos casos, se seguía utilizando para atacar a determinadas personas en países como El Salvador, Israel, Palestina y España. La “vigilancia ilegítima” viola el derecho a la intimidad, y puede violar también los derechos a la libertad de expresión, de opinión, de asociación y de reunión pacífica, según AI.
Amnistía Internacional dice que lleva muchos años investigando este tipo de vigilancia y resalta que cada vez hay más pruebas de violaciones de derechos humanos cometidas por Gobiernos.
