Organizaciones lanzan nueva demanda para frenar la ley SB 4 a una semana de su entrada en vigor.
AUSTIN, TEXAS.— En un esfuerzo de último minuto por detener lo que califican como una legislación “vil e inconstitucional”, una coalición de organizaciones de derechos civiles presentó una nueva demanda federal para bloquear la ley SB 4. La acción legal, liderada por la ACLU y el Texas Civil Rights Project, surge ante la inminente implementación de la ley el próximo 15 de mayo, fecha en la que Texas obtendría facultades sin precedentes para arrestar y deportar migrantes.
La batalla judicial se reaviva luego de que un tribunal de apelaciones reactivara la ley hace apenas dos semanas, argumentando que los demandantes previos carecían de legitimación. Ahora, los activistas buscan detener cuatro disposiciones específicas que consideran un abuso de autoridad estatal sobre facultades que pertenecen exclusivamente al Gobierno Federal de los Estados Unidos.
Los puntos más críticos de la demanda
Las organizaciones buscan frenar los artículos de la SB 4 que permitirían:
- Arrestos por reingreso: Criminalizar a personas que volvieron al país, incluso si ya cuentan con un estatus legal vigente.
- Deportaciones por magistrados: Facultar a jueces estatales para ordenar la expulsión de personas del territorio estadounidense.
- Castigos por desacato: Penalizar a quienes no cumplan con órdenes de expulsión dictadas por autoridades locales.
- Obstaculización del asilo: Obligar a jueces a seguir procesos penales estatales aunque el migrante tenga una solicitud de asilo federal en curso.
Cambio de rumbo en la Casa Blanca
El contexto político ha dado un giro drástico en este litigio. Mientras que en 2024 la administración de Joe Biden formaba parte activa de la demanda contra Texas, el actual gobierno de Donald Trump retiró al Departamento de Justicia del caso, alineándose con la retórica de los legisladores republicanos que califican el flujo migratorio como una “invasión”.
“Nuestra lucha contra la SB 4 no termina hasta que la justicia gane”, sentenció Kate Gibson Kumar, del Texas Civil Rights Project, subrayando que la ley utiliza recursos públicos de Texas para “perjudicar a comunidades en todo el estado”.
Hasta el momento, el fiscal general de Texas, Ken Paxton, ha guardado silencio ante este nuevo recurso, aunque se espera que defienda la ley como una herramienta necesaria para la seguridad fronteriza. De no prosperar esta nueva demanda en los próximos días, Texas se convertirá en el primer estado en aplicar sus propias leyes de deportación el próximo viernes.
