Enmiendan ordenanza sobre ICE para proteger fondos del Mundial.
Houston, Texas — Bajo la amenaza directa de perder 110 millones de dólares en subvenciones estatales, el Concejo Municipal de Houston votó este miércoles para modificar una ordenanza que limitaba la cooperación entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE). La decisión marca un retroceso en la política migratoria de la ciudad tras un intenso pulso político y legal con el gobierno de Texas.
La ordenanza original, aprobada hace apenas dos semanas, eliminaba la obligatoriedad de que los policías de Houston esperaran 30 minutos a que los agentes de ICE recogieran a detenidos con órdenes administrativas no judiciales; si los oficiales federales no llegaban en ese lapso, el detenido era liberado tras tomar sus datos. Sin embargo, el gobernador Greg Abbott advirtió que esta medida violaba los términos de los fondos estatales asignados para la seguridad del Mundial 2026, del cual Houston es sede este junio.
A la presión financiera se sumó la vía judicial: el fiscal general de Texas, Ken Paxton, interpuso una demanda contra el alcalde John Whitmire y el concejo, argumentando que la normativa local contravenía la ley estatal de 2017 (SB4), la cual prohíbe explícitamente las políticas de “ciudades santuario” que limiten la aplicación de las leyes de migración.
Ante el riesgo de desfinanciamiento en vísperas del evento deportivo más grande del año y el asedio legal del estado, el gobierno municipal optó por enmendar la ley para alinearse con las exigencias de Austin. Esta resolución subraya la creciente tensión en Texas entre las administraciones locales y el Ejecutivo estatal, que ha hecho de la aplicación estricta de las leyes migratorias una prioridad absoluta de su agenda de seguridad.
