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La empresa ha reportado a las instituciones de gobierno que la contratan, al menos dos domicilios distintos.
Maleny Navarro | El Sol de México.- Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México (Sitravem S.A de C.V), la empresa que el IMSS contrató para dar mantenimiento al elevador del Hospital General de Zona 18 del IMSS de Playa del Carmen en Quintana Roo, donde murió una niña, tiene sólo cinco años de experiencia y comparte socios con otras empresas que se dedican al mismo rubro.
Tras el accidente en el hospital de Quintana Roo, las autoridades del IMSS dieron a conocer que sí había reportado la falla en la instalación.
“Se presentó una denuncia penal por parte del Jurídico de nivel central del IMSS en contra de la empresa encargada del mantenimiento de los elevadores (…) y demás personas que resulten responsables”, informó el IMSS en un comunicado.
El 26 de diciembre de 2022, el IMSS firmó el contrato por mantenimiento de elevadores de las Unidades de Medicina Familiar 11 y 16, los Hospitales Generales de Zona 18, 1, 3 y 14 y una cámara fría de almacén, en Quintana Roo, por 299 mil 48 pesos. Sitravem y Comercializadora Bracos, ganaron el contrato. La compañía reporta 11 contratos con el IMSS desde 2018, según la Plataforma Nacional de Transparencia.
EN 2021, el STC le encargó a la empresa Bacros dar mantenimiento a los elevadores de las líneas 1, 2, 3, 9, A y B.
Soluciones Integrales de Transportación Vertical en México Sitravem S.A de C.V se creó el 15 de junio de 2018 en Zinacantepec, Estado de México, como una alianza entre Leonardo Daniel Cruz Barragán con 70 por ciento de las acciones y Juan Antonio Soto del Hoyo con el resto. También nombraron como representante a Ismael Soto del Hoyo y como asambleísta a Miguel Ángel Luna Castro.
La compañía en ese año estaba habilitada para “la realización de obras de urbanización, hidráulicas, sanitarias, electromecánicas, pozos de agua potable, tanques de almacenamiento, instalación y mantenimiento de elevadores y en general cualquier obra civil”.
Para junio de 2021, Juan Antonio renunció a sus acciones y las compró Edgar Guitérrez Esquivel. Tres meses después, el objeto de la compañía cambió. Según las actas del Registro Público de Comercio ahora se dedicaría a la “prestación de servicios de proyección, ejecución, conservación y mantenimiento (preventivo y correctivo) montaje, desmontaje, instalación de toda clase de equipos de transportación vertical, horizontal, plataformas de elevación escalera mecánica, rampa mecánica, pasillo mecánico, monta autos, ascensores, montacargas, plataformas de desniveles e incluyendo toda clase de electromecánicos e industriales”.
Leonardo Daniel reportó como su domicilio particular Hugo Sánchez 93, en la colonia Deportiva, también en Zinacantepec. Esa es la dirección de Comercializadora Bacros S.A. de C.V., la misma contratada para el mantenimiento, en alianza, del elevador donde murió la niña.
Bacros acumula desde 2018 un total de 17 contratos, la mayoría con el Seguro Social. En 2018 obtuvo un contrato, en 2020 fueron tres, en 2021 uno, en 2022 subió a nueve y este año tiene tres.
Esta comercializadora simuló una competencia entre sus socios. Concursó en junio de 2022 con la empresa Conseglob S.A. de C.V. por el servicio de mantenimiento preventivo-correctivo integral con refacciones a equipos electromecánicos del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios (ISSEMYM), pero ninguna ganó.
Conseglob surgió en agosto de 2021 también en Zinacantepec. Su socio mayoritario es Ismael Soto del Hoyo y tiene permiso comercial para el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo, reparación, calibración, inspección y evaluación de calderas, hornos, elevadores, estaciones y subestaciones.
Hasta mayo de 2023 Leonardo Daniel renunció a sus acciones y se las dio a Eduardo Ramírez Malvaez. Luz Lorena González Lázaro fungió en esa acta como delegada especial de la compañía.
Comercializadora Bacros sumó a su equipo a Miguel Ángel Luna Castro y a Luz Lorena González Lázaro como delegada especial.
La empresa ha reportado a las instituciones de gobierno que la contratan al menos dos domicilios distintos registrados en el Registro Público de Comercio.
Con información de El Sol de México.
