Investigación multiestatal revela grave negligencia médica en centros del ICE ante repunte masivo de detenidos
WASHINGTON.— Una exhaustiva investigación de varios meses realizada por KFF Health News y la agencia The Associated Press (AP) ha expuesto una profunda crisis de negligencia médica dentro de la red de centros de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos. Tras analizar miles de expedientes en cortes federales, historiales clínicos y realizar entrevistas a más de 50 detenidos, familiares y representantes legales, el reporte detalla fallas sistémicas para garantizar la atención médica básica a personas bajo custodia civil en al menos 33 estados del país.
Los hallazgos salen a la luz en un momento en que el aparato de detención se encuentra desbordado debido a la agresiva campaña de deportación masiva implementada desde el regreso del presidente Donald Trump a la Casa Blanca. Hacia mediados de enero de 2026, la cifra de inmigrantes bajo custodia del ICE se disparó a más de 75,000 personas, prácticamente duplicando los 40,000 registrados apenas un año antes.
Un patrón de testimonios desgarradores
La investigación conjunta descubrió cientos de declaraciones judiciales —presentadas bajo pena de perjurio— donde los internos describen un colapso casi total en los protocolos de salud. La omisión en el suministro oportuno de recetas o en el control de enfermedades crónicas ha detonado declives físicos catastróficos:
- Infecciones y dolores sin atención: Un ciudadano albanés retenido durante meses en un centro de Nuevo México declaró haber tenido que extraerse él mismo una muela ante la falta de atención dental. En Vermont, un venezolano contrajo una infección por bacterias carnívoras que le dejó la pierna morada e inflamada luego de que el personal olvidara llevarlo a una cita programada con el especialista.
- Fallas críticas en la higiene básica: En el Centro de Detención Stewart, en Lumpkin, Georgia, un padre de familia guatemalteco de 48 años desarrolló una infección por E. coli tras lesionarse en un traslado y ser obligado a dormir en un suelo de concreto sucio, rodeado de retretes con filtraciones. Tras perder el conocimiento, fue llevado a un hospital donde los médicos le advirtieron que estuvo a punto de sufrir la amputación de su pierna izquierda.
- Retención de tratamientos vitales: Los internos denunciaron retrasos severos o la suspensión total de medicamentos para condiciones de alto riesgo como VIH, diabetes, epilepsia, depresión, Parkinson y cánceres avanzados. Un ciudadano rumano de 52 años, recientemente sometido a una cirugía de triple bypass coronario que requería 16 fármacos diarios, sufrió un derrame cerebral durante una videollamada con su hija en el centro de detención de Nueva Jersey, luego de que los custodios ignoraran las recetas de alta del hospital.
El periodo más letal en dos décadas
Datos del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) indican que la custodia migratoria es hoy más mortífera que en cualquier otro punto de los últimos veinte años. Investigadores publicaron en la revista médica JAMA que el DHS ha registrado 51 muertes en centros de detención desde el arranque de la actual administración, destacando un repunte sin precedentes en el número de suicidios.
Para agravar la situación, los detenidos carecen actualmente de mecanismos institucionales de queja. En mayo de 2026, el DHS desmanteló por completo la Oficina del Ombudsman para la Detención Inmigratoria, argumentando falta de presupuesto por parte del Congreso. Dicha oficina funcionaba como el único enlace para que abogados y familias exigieran auditorías o atención médica de emergencia. “Ahora no hay nadie a quien llamar”, apuntó el abogado de inmigración Matt Boles.
Estándares variables y la postura de las corporaciones privadas
La infraestructura del ICE descansa en gran medida en cárceles de condados y consorcios de prisiones privadas como CoreCivic y Geo Group. Especialistas legales recuerdan que aproximadamente el 70% de los detenidos en revisiones rutinarias o paradas de tránsito no cuentan con antecedentes penales, por lo que sus procesos son de carácter estrictamente civil. Aunque las leyes mandatan que los detenidos civiles reciban el mismo nivel de atención que un preso común a la espera de juicio, las condiciones varían drásticamente debido a que los internos son trasladados constantemente de un estado a otro sin previo aviso, rompiendo la continuidad de sus tratamientos.
A pesar de las evidencias contenidas en las demandas, el DHS y las empresas privadas han rechazado las acusaciones. Aunque el departamento no emitió comentarios específicos sobre este reporte, su director médico en funciones, Sean Conley, defendió previamente la gestión del organismo:
“Es tanto una política como una práctica de larga data que los extranjeros reciban atención médica oportuna y adecuada desde el momento en que ingresan a la custodia del ICE. Esta es una atención médica mejor y más eficiente de la que muchos extranjeros han recibido en toda su vida”, afirmó Conley.
Por su parte, los voceros de CoreCivic y Geo Group sostuvieron que sus instalaciones cumplen rigurosamente con los estándares nacionales del ICE y, en algunos casos, atribuyeron los contratiempos médicos a la supuesta falta de cooperación (non-compliance) de los propios internos.
Colapso en las cortes: La ola de recursos de Habeas Corpus
Ante el bloqueo de las vías administrativas, los abogados de inmigración han inundado los tribunales federales con peticiones de habeas corpus (un recurso legal histórico para impugnar detenciones ilegales). Se han promovido más de 40,000 juicios de habeas corpus durante el actual mandato presidencial, impulsados por la política oficial de “detención obligatoria” y la negativa sistemática de conceder fianzas o libertades condicionales por razones humanitarias.
Aunque el gasto del ICE en la salud de los no ciudadanos se elevó de 390 millones de dólares en el año fiscal 2023 a “casi 500 millones de dólares” en el presente año, los litigantes argumentan que los fondos se están dilapidando ineficientemente para mantener encarceladas a personas con enfermedades complejas que, en administraciones pasadas, habrían sido liberadas para evitar los estratosféricos costos de su atención médica en prisión.
