Miles de empleos están en riesgo y alertan de una una crisis humanitaria y de seguridad nacional.
Washington.- Grupos que representan a trabajadores de ayuda internacional demandaron a la administración de Trump para frenar el desmantelamiento de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), calificando la acción como una “toma ilegal”. Acusan que la reducción de personal, la congelación de fondos y la suspensión de labores están causando una crisis humanitaria y afectando la seguridad nacional.
Alrededor de 10,000 empleados fueron notificados de que serán puestos en licencia administrativa, quedando solo 300 para funciones esenciales. El costo de repatriar a los trabajadores desplegados en más de 60 países superaría los 20 millones de dólares, afectando a familias enteras que perderán empleos y estabilidad.
El presidente Trump justificó la medida acusando a USAID de corrupción y despilfarro en proyectos “ridículos”. Sin embargo, los demandantes argumentan que la decisión fue arbitraria y caótica, generando incertidumbre y perjuicio tanto para los trabajadores como para las comunidades que dependen de la ayuda.
El secretario de Estado, Marco Rubio, reconoció que el proceso pudo haber sido más ordenado, pero culpó a la falta de cooperación y a la supuesta insubordinación dentro de la agencia. Mientras tanto, las protestas crecen y el destino de USAID sigue en el aire.
