A un año de su implementación, el plan federal reporta resultados contradictorios con caída del 40.9% en asesinatos pero incremento de 50.9% en extorsiones
Morelia, Michoacán.- Un año después de su presentación formal, el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia muestra un balance contradictorio en seguridad. Aunque los homicidios dolosos disminuyeron 40.9 por ciento en los primeros diez meses del programa, otros delitos como la extorsión aumentaron 50.9 por ciento, el robo a negocios 88.4 por ciento y la violencia familiar creció 20.7 por ciento, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) a septiembre de 2026.
El plan, presentado el 9 de noviembre de 2023 tras el asesinato del alcalde de Uruapan Carlos Manzo, cuenta con una inversión proyectada de 118 mil millones de pesos para 2025-2030. Su estrategia combina despliegue de Guardia Nacional, inteligencia contra la extorsión, desarme voluntario y programas de bienestar e infraestructura. Las autoridades reportan 67 por ciento de avance en obras sociales, con mil 680 de más de dos mil 500 proyectos concluidos, sin embargo, esta métrica mide infraestructura y no resultados en seguridad.
En el análisis de cifras por delito, el contraste es evidente: los homicidios pasaron de 958 a 566 casos, pero los robos totales subieron de 9,035 a 10,134, los robos a casas-habitación aumentaron 22.6 por ciento y las lesiones dolosas se incrementaron 6.4 por ciento. Michoacán registra peores resultados que el promedio nacional en extorsión y robos: mientras el estado experimenta un incremento de 50.9 por ciento en extorsiones, las demás entidades reportan una disminución de 3.2 por ciento.
Los antecedentes de intervenciones federales previas sugieren cautela al evaluar el programa. Durante el Operativo Conjunto Michoacán de Felipe Calderón (2006), los homicidios bajaron 40.8 por ciento inicialmente pero después repuntaron. Similarmente, en el programa de Peña Nieto (2014), la reducción de 2015 se revirtió en años posteriores. Las autoridades reconocen que aún no hay doce meses completos de evaluación ni una trayectoria de varios años para determinar si la reducción de homicidios será sostenida, especialmente ante el incremento simultáneo de otros delitos que afectan a familias y la economía local.
