Empresarios y sectores industriales cuestionan sanciones millonarias y riesgo de rezago administrativo en aprobación de proyectos
México, Ciudad de México.- La nueva Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, despierta preocupación en los sectores empresarial e industrial por contemplar multas de hasta 234.6 millones de pesos por infracciones ambientales. La iniciativa, que se analiza en el Congreso, representa un incremento sin precedentes en las sanciones ambientales, comparado con la normatividad vigente desde 1988.
Organismos como la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra), la Asociación Nacional de Industrias del Plástico (Anipac) y múltiples colegios de abogados calificaron el monto de las multas como desproporcionado y 40 veces mayor al tope máximo de la ley ambiental actual. Además expresaron temor a que pequeñas, medianas y grandes empresas enfrenten riesgo de quiebra financiera. La propuesta también incluye la creación de un Registro de Infractores Ambientales que inhabilitaría a empresas sancionadas para obtener permisos, concesiones o apoyos públicos durante 7 a 10 años, medida que abogados advierten afecta derechos de protección de datos.
Otra preocupación central es la eliminación de la afirmativa ficta en trámites ambientales, lo que significa que los permisos ya no se otorgarán automáticamente si las autoridades no responden en 30 días. La industria advierte que esto, sumado a la creación de una Evaluación Ambiental Estratégica, generará un rezago administrativo importante en la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), paralizando inversiones y proyectos de sectores como el automotriz, inmobiliario y de gas natural.
La Coparmex sugirió evaluar parámetros más viables para mantener la operación de actores económicos relevantes, mientras que sectores como la industria automotriz advierten que el rezago impactará directamente el nearshoring y la relocalización de empresas en México.
