Reducción de pobreza multidimensional a nivel nacional de 41.9 por ciento en 2018 a 36.3 por ciento en 2022 con disminución de -5 millones 100 mil menos pobres en México.
Línea de Pobreza por Ingresos disminuyó de 49.9 por ciento en 2018 a 43.5 por ciento en 2022, lo que significa una reducción -5 millones 700 mil menos pobres.
Investigación Especial, Alberto González Káram.- La información de la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares (ENIGH) 2022 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), permitió al Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), dar a conocer los resultados derivados de las implicaciones económicas y sociales de la pandemia por el virus SARS-CoV-2 (COVID-19), consistente en la reducción del porcentaje de la población en situación de pobreza multidimensional a nivel nacional que pasó de 41.9 por ciento en 2018 a 36.3 por ciento en 2022, lo que representa una disminución de -5 millones 100 mil menos pobres en México.
El ingreso inferior a la Línea de Pobreza por Ingresos con respecto al valor monetario de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria, disminuyó de 49.9 por ciento en 2018 a 43.5 por ciento en 2022, lo que significa una reducción 61 millones 800 mil a 56 millones 100 mil personas o -5 millones 700 mil menos pobres.
La población con un ingreso inferior a la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos con respecto al valor monetario de la canasta alimentaria se logró reducir de 14.0 por ciento en 2018 a 12.1 por ciento en 2022, lo que representó una disminución de 17 millones 300 mil a 15 millones 500 mil personas que equivalen a -1 millón 800 menos pobres en condiciones de pobreza extrema que no tienen el ingreso suficiente para adquirir los productos de la canasta alimentaria.
El porcentaje de personas con carencia por acceso a la seguridad social disminuyó de 53.5 por ciento en 2018 a 50.2 por ciento de 2022; lo que equivale en número de personas de 66 millones 200 mil a 64 millones 700 mil con una significativa reducción de -1 millón 500 mil personas en esta situación, representando la carencia con mayor incidencia en pobreza, siendo importante destacar que exclusivamente el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) aumentó su derechohabiencia a una cifra récord de 62 millones 099 mil 862 personas al cierre del mes de junio del 2023.
La población que presentó carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad pasó de 22.2 por ciento en 2018 a 18.2 por ciento en 2022, con una reducción de 27 millones 500 mil a 23 millones 400 mil personas que significan una creciente disminución de -4 millones 100 mil personas en esta situación de pobreza.
El panorama sobre la situación de la pobreza en la población en cuanto a las barreras para ejercer sus derechos sociales y la adquisición de una variedad de bienes para la satisfacción de sus necesidades esenciales.
Los resultados de la medición de pobreza multidimensional permiten orientar y fortalecer la implementación de programas o acciones de política de desarrollo social enfocadas a fomentar la recuperación del ingreso de las personas y la atención del conjunto de carencias sociales, con la coordinación interinstitucional del Gobierno Federal con los 32 Gobiernos de los Estados y 2 mil 453 Gobiernos Municipales.
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) tiene como responsabilidad normar y coordinar la evaluación de las políticas y programas de desarrollo social que ejecutan las dependencias públicas, así como establecer los lineamientos y criterios para la definición, identificación y medición de la pobreza en México, garantizando la transparencia, objetividad y rigor técnico.
La medición multidimensional de la pobreza se basa en un enfoque de derechos sociales y es parte de un conjunto de información para guiar las políticas públicas y aportar información para la toma de decisiones.
Los indicadores socioeconómicos permiten identificar tres espacios analíticos relevantes para el estudio multidimensional de la pobreza: bienestar económico, derechos sociales y contexto territorial.
El bienestar económico se identifica una cantidad mínima de recursos monetarios definidos para satisfacer las necesidades de las personas, tanto alimentarias como no alimentarias, mediante las líneas de pobreza por ingresos: Línea de Pobreza por Ingresos (LPI) que consiste en el valor monetario de la canasta alimentaria más la canasta no alimentaria y la Línea de Pobreza Extrema por Ingresos (LPEI) que represente el valor monetario de la canasta alimentaria.
Los derechos sociales consideran como elementos universales, interdependientes e indivisibles, estiman que una persona está imposibilitada para ejercer uno o más derechos cuando presenta carencia en al menos uno de los seis indicadores: rezago educativo, acceso a los servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la vivienda, servicios básicos en la vivienda y, acceso a la alimentación nutritiva y de calidad.
El contexto territorial de la medición multidimensional de pobreza en México se presenta a nivel nacional y se desagrega en las 32 entidades federativas de la República Mexicana.
La pobreza es un fenómeno multidimensional que comprende aspectos relacionados con las condiciones de vida que vulneran la dignidad de las personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus necesidades e imposibilitan su plena integración social.
El 29.3 por ciento de las personas de 65 años o más no contaban con un ingreso por programas para adultos mayores, igual o superior al promedio y no contaban con una pensión o jubilación, mientras que 70.7 por ciento de la población de 65 años o más tenía acceso a una pensión no contributiva o ingresos por programas de adultos mayores que le permitía adquirir la canasta alimentaria o tenían acceso a una pensión contributiva por jubilaciones y pensiones en 2022.
La población con carencia por calidad y espacios de la vivienda pasó de 11.0 por ciento en 2018 a 9.1 en 2022, en términos poblacionales representó una disminución de 13 millones 600 mil a 11 millones 700 mil personas con una reducción de -1 millón 900 mil personas con este tipo de carencias.
Los componentes de la carencia por calidad y espacios de la vivienda destacan 5.8 por ciento de la población en viviendas con hacinamiento, reportando habitar en una vivienda donde residían más de 2.5 personas por cuarto, lo que representa 7 millones 400 mil personas en esta situación.
Las personas con carencia por acceso a los servicios básicos en la vivienda pasaron de representar 19.6 por ciento de la población en 2018 a 17.8 por ciento en 2022, al pasar de 24 millones 300 mil a 22 millones 900 mil personas con una reducción de -1 millón 400 mil menos pobres en esta situación.
Los resultados de entidades federativas con el mayor porcentaje de la población en situación de pobreza fueron en 2022: Chiapas 67.4, Guerrero 60.4, Oaxaca 58.4, Puebla 54.0 y 52.5 Tlaxcala.
Las cinco entidades con menor porcentaje de la población en situación de pobreza fueron: Baja California Sur 13.3, Baja California 13.4, Nuevo León 16.0, Chihuahua 17.6 y 18.2 Coahuila.
Los resultados de las cinco entidades con el mayor porcentaje de la población en situación de pobreza extrema fueron en 2022: Chiapas 28.2, Guerrero 22.2, Oaxaca 20.2, Veracruz 13.1 y 11.4 Puebla.
Las cinco entidades con menor porcentaje de la población en situación de pobreza extrema fueron en 2022: Baja California Sur 0.8, Nuevo León 1.1, Colima 1.2, Baja California 1.3 y 1.7 Sonora.
La medición multidimensional de la pobreza demuestra y comprueba plenamente la recuperación del ingreso de las personas, mayor acceso a la alimentación, y un mayor porcentaje de la población de 65 años o más con acceso a la seguridad social; y es necesario mejorar la progresividad de las transferencias públicas y programas sociales que aseguren la inclusión de las personas en situación de pobreza extrema, con especial atención a la población sin seguridad social y aquellos de menores ingresos; consolidar el sistema nacional de salud integral que permita la atención de la población y la certeza del acceso sobre su funcionamiento y disponibilidad; e identificar los avances en materia desarrollo social que permitan distinguir los retos de políticas públicas para avanzar hacia el acceso de toda la población al desarrollo social.
