Autoridades aplican multas millonarias y deportaciones tras detectar cercamientos prohibidos en zonas federales
Cancún, Quintana Roo.– En una acción contundente para garantizar el libre acceso a las costas mexicanas, la Secretaría de Marina (SEMAR), en coordinación con la PROFEPA y la Fiscalía General, ejecutó un operativo masivo que resultó en la recuperación de diversas zonas de playa en Baja California, Nayarit y Quintana Roo. Durante las intervenciones realizadas la madrugada del 14 de marzo de 2026, las autoridades procedieron al desmantelamiento de vallas, muros de concreto y señalética de “propiedad privada” instalados ilegalmente por ciudadanos extranjeros. Estas estructuras, resguardadas en algunos casos por seguridad privada, impedían el paso de residentes locales, violando flagrantemente la Ley General de Bienes Nacionales y el Artículo 27 constitucional, que establecen que las playas son bienes de uso público y propiedad de la nación.
El saldo de las investigaciones reveló un complejo esquema de irregularidades: mientras algunos implicados enfrentan multas superiores al millón de pesos y procesos de deportación por agresiones contra ciudadanos mexicanos, otros resultaron ser víctimas de estafas inmobiliarias. Redes de corrupción integradas por exfuncionarios habrían vendido contratos fraudulentos bajo la falsa promesa de “exclusividad privada”, una figura jurídica inexistente en el marco legal de México. Con este despliegue, el Gobierno Federal no solo busca liberar el tránsito en los litorales, sino también desarticular a las mafias que lucran con el engaño a compradores extranjeros y la usurpación de espacios públicos que pertenecen a todos los mexicanos.
