Despenalización del aborto avanza a paso desigual entre retrocesos legislativos y criminalización
Ciudad de México.- En el marco del Día de Acción Global por el Acceso al Aborto Legal y Seguro (28S), el balance sobre los derechos reproductivos en México revela un escenario fragmentado. Aunque la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró en 2023 la inconstitucionalidad de la criminalización del aborto a nivel federal, en la práctica al menos ocho entidades federativas mantienen la penalización en sus códigos locales, mientras que persisten obstáculos para un acceso efectivo a los servicios de salud.
De acuerdo con datos del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), en el país aún se contabilizan 466 carpetas de investigación y averiguaciones previas abiertas por el delito de aborto, lo que evidencia que la persecución penal contra mujeres y personas gestantes continúa activa en diversos estados.
Mapeo legal: Entre los límites de semanas y los vacíos normativos
A dos décadas de que la Ciudad de México fuera pionera en la despenalización, la falta de una cobertura homogénea obliga a cientos de mujeres a seguir desplazándose a la capital. Actualmente, las 32 entidades del país presentan distintos marcos regulatorios respecto a la interrupción del embarazo:
1. Entidades con despenalización en sus leyes o por vía judicial (24 estados)
- Tope de 12 semanas: Yucatán, San Luis Potosí, Puebla, Oaxaca, Nayarit, Michoacán, Jalisco, Guerrero, Estado de México, Chiapas, Campeche, Tabasco, Quintana Roo, Baja California, Baja California Sur y Ciudad de México.
- Tope de 13.6 semanas: Sinaloa.
- Sin límite de semanas explícito / regulación vía judicial u ordenamientos locales: Chihuahua, Coahuila, Colima, Hidalgo y Veracruz (este último con programas específicos de atención).
- Restricción a 6 semanas: Aguascalientes, donde tras reformas promovidas bajo la administración de la gobernadora María Teresa Jiménez Esquivel, se redujo el plazo legal para acceder al procedimiento.
2. Entidades donde persiste la penalización (8 estados)
El aborto continúa tipificado como delito fuera de causales específicas en Durango, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Querétaro, Sonora, Tamaulipas y Tlaxcala.
En estas regiones, el acceso queda condicionado únicamente a excepciones normadas como violación, estupro, inseminación artificial no consentida, peligro de vida de la gestante, alteraciones genéticas o situación económica precaria. Las sanciones contempladas en los códigos penales abarcan desde seis meses hasta dos años de prisión, además de trabajo comunitario, multas y tratamientos psicológicos.
Defensoras alertan por retrocesos y la deuda pendiente en la capital
El activismo agrupado en la Marea Verde y diversas colectivas han señalado que el avance legislativo no ha estado exento de resistencias institucionales.
Angie Contreras, portavoz de la colectiva Mujeres Vivas, Mujeres Libres, enfatizó que el caso de Aguascalientes demuestra la necesidad de proteger los derechos ante posibles reveses:
“El caso de Aguascalientes nos recuerda que la lucha por los derechos no termina cuando se consigue un avance. También hay que resistir y defender lo ganado frente a los retrocesos y asegurarnos de que nuestros derechos puedan ejercerse en la vida real, sin importar dónde vivas ni cuáles sean tus circunstancias”.
Por su parte, Lizeth Mejorada, también vocera de la organización, advirtió que la Ciudad de México tiene una tarea legislativa pendiente desde 2024, cuando se presentó una iniciativa para eliminar de forma absoluta el aborto del Código Penal local, la cual no ha sido llevada a votación en el Congreso capitalino.
Resoluciones judiciales y respuesta del sector salud
Frente al rezago en las legislaciones locales, las resoluciones de la SCJN han funcionado como el principal mecanismo de empuje. Tras el fallo de 2023 sobre la inconstitucionalidad de la criminalización, en 2025 el máximo tribunal instó a las autoridades sanitarias a garantizar el servicio de forma gratuita y sin discriminación.
Como respuesta a estos mandatos, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) emitió la Guía Técnica para la Interrupción Legal del Embarazo, habilitando herramientas de orientación y directorio de unidades médicas para la atención de las usuarias. Sin embargo, activistas coinciden en que la erradicación del estigma y la eliminación definitiva del tipo penal en todos los estados siguen siendo los mayores retos para el ejercicio pleno del derecho a decidir.
