Sindicatos acusan a Uber de evadir el pago de utilidades mediante un “cambio de piel” legal
CIUDAD DE MÉXICO.— Un nuevo frente de batalla legal y laboral se ha abierto entre la plataforma tecnológica Uber y sus miles de socios conductores y repartidores en México. Diversas organizaciones gremiales denunciaron formalmente que la empresa transnacional se ha negado a realizar el reparto de utilidades (PTU) correspondiente al ejercicio fiscal anterior, argumentando que opera bajo una entidad jurídica de reciente creación, lo que legalmente la eximiría de esta obligación financiera.
De acuerdo con Sergio Guerrero, dirigente de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación (UNTA), la compañía notificó a sus colaboradores que no efectuará dicho pago debido a que la razón social con la que opera actualmente fue constituida recientemente. Esto, con el fin de alinearse a las estrictas disposiciones de la reforma laboral para plataformas digitales que entró en vigor en enero pasado.
El vacío legal: ¿Empresa nueva o cambio de nombre?
La Ley Federal del Trabajo (LFT) en México estipula que las empresas de nueva creación están exentas de pagar utilidades a sus trabajadores durante su primer año de funcionamiento. Sin embargo, para la UNTA y los especialistas en la materia, la postura de Uber representa una “simulación corporativa”.
Las organizaciones argumentan que, aunque el nombre legal en el papel sea distinto, la realidad operativa desmiente el nacimiento de una nueva compañía:
- Misma infraestructura: Uber mantiene exactamente la misma plataforma tecnológica, algoritmos y servidores que ha desarrollado por años.
- Mismo mercado: La presencia comercial, la base de clientes, los esquemas de tarifas y los conductores activos no sufrieron interrupción alguna.
- Misma actividad: El giro comercial del negocio (transporte privado y delivery) se mantuvo idéntico antes y después de la modificación de la estructura legal.
“El debate consiste en determinar si realmente puede considerarse una empresa nueva cuando exclusivamente cambió su razón social para adecuarse al marco regulatorio, pero la actividad económica es la misma”, fustigó Sergio Guerrero en entrevista para el diario La Jornada.
Unidad Económica: El recurso legal de los trabajadores
Para el abogado laborista Ricardo Landero Aramburu, la modificación o sustitución de una razón social no extingue de golpe los compromisos y derechos adquiridos por la fuerza laboral. El especialista advirtió que el movimiento de Uber encaja en estrategias corporativas vistas en el pasado para eludir el reparto de la riqueza generada.
Frente a la negativa de la aplicación, el experto señaló que los repartidores y choferes cuentan con las siguientes vías de defensa legal:
- Demandar Responsabilidad Compartida: Exigir ante los tribunales el reconocimiento de una misma unidad económica, demostrando que la entidad anterior y la actual son el mismo negocio.
- Auditoría Fiscal: Solicitar formalmente la información fiscal y las declaraciones de impuestos de la compañía ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
- Intervención de la STPS: Promover de forma masiva una revisión e inspección urgente por parte de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social para determinar si existe una violación directa a los derechos laborales de los trabajadores digitales.
