El titular del Órgano Interno de Control compareció ante diputados y reveló 13 expedientes en investigación y 24 pesquisas adicionales por irregularidades en el organismo electoral.
Ciudad de México.- El contralor del Instituto Nacional Electoral (INE), Víctor Hugo Carvente Contreras, informó durante su comparecencia ante la Cámara de Diputados que cinco servidores públicos ya fueron formalmente imputados por presuntas faltas administrativas graves, relacionadas con conflictos de interés y ocultamiento de información. El funcionario no reveló los nombres de los imputados ni los cargos que desempeñan o desempeñaban dentro del organismo.
Según el informe presentado, existen 18 expedientes relacionados con posibles irregularidades en el INE, de los cuales 13 continúan en etapa de investigación y cinco ya avanzaron a procedimientos de responsabilidad administrativa. Las investigaciones incluyen posibles actuaciones bajo conflicto de interés, ocultamiento de conflictos de interés y otras conductas que podrían representar faltas administrativas. Los involucrados ya recibieron citatorios para comparecer ante las autoridades correspondientes.
Carvente Contreras explicó que una vez iniciados los procedimientos de responsabilidad administrativa, los expedientes serán turnados al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, instancia encargada de revisar las pruebas, recibir los alegatos y emitir las resoluciones correspondientes. Además, informó que el 96 por ciento de los contratos del organismo electoral deben ser fiscalizados debido a que presentan elementos de riesgo, y reveló la existencia de 24 investigaciones adicionales derivadas de auditorías y revisiones de control interno.
La comparecencia ocurre en medio de cuestionamientos sobre el manejo de recursos públicos, contrataciones y posibles conflictos de interés dentro del INE. Estos señalamientos también se han dirigido hacia la ahora expresidenta del organismo, Guadalupe Taddei. Cabe destacar que los procedimientos administrativos en curso continúan en distintas etapas y no representan por sí mismos una resolución definitiva sobre la responsabilidad de las personas investigadas.
