Protestas en Guerrero por detención de médicos y personal de funerarias del caso Ayotzinapa: Familias acusan una “nueva verdad histórica”
CHILPANCINGO, GUERRERO.— La reactivación de las órdenes de aprehensión por la desaparición forzada de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa desató una ola de indignación y protestas en la entidad. Familiares, gremios médicos y amigos de los detenidos se movilizaron en las calles de Chilpancingo e Iguala para exigir la liberación inmediata de médicos forenses y empresarios funerarios, acusando a la Fiscalía General de la República (FGR) de cometer “chivos expiatorios” y de fabricar una “nueva verdad histórica” carente de sustento legal.
La controversia escaló luego de que un juez federal dictara el auto de vinculación a proceso en contra de cinco de las siete personas capturadas la semana pasada durante un operativo de fuerzas federales.
Los detenidos y el traslado a penales de máxima seguridad
El despliegue de la FGR apuntó de forma directa contra el personal pericial y los prestadores de servicios que operaban en Iguala durante la trágica noche de septiembre de 2014, cuando los estudiantes de la Escuela Normal Rural ‘Raúl Isidro Burgos’ fueron objeto de un crimen de Estado. Entre los procesados se encuentran:
- Julio César Valladares Baranda: Médico forense de Iguala, quien fue recluido de forma inmediata en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) No. 1, conocido como “El Altiplano”, en el Estado de México.
- César Manuel Espinoza Suástegui: Reconocido médico igualteco con más de 20 años de servicio intachable en el sector salud público.
- Ben Yehuda Martínez Hernández: Exdirector estatal del Servicio Médico Forense (Semefo) de Guerrero.
- Helen Rueda y Violeta Mazón: Propietarias de la conocida funeraria local ‘Rueda’, establecida en el municipio de Iguala.
Rechazo absoluto a la “Tesis de las Funerarias”
Durante la marcha en Chilpancingo, las esposas y hermanas de los imputados encabezaron los contingentes portando pancartas en las que denunciaron severas irregularidades procesales y la total ausencia de elementos probatorios para mantenerlos bajo prisión preventiva oficiosa.
Las protestas cuestionan de manera frontal la denominada “tesis de las funerarias”, una renovada línea de investigación de la FGR que vincula el manejo de los cuerpos y los registros forenses de los primeros días de la tragedia con el ocultamiento de evidencias.
Postura de los familiares: “Nuestra familia está enfrentando una injusticia terrible por parte de las autoridades federales. Con estas detenciones y acusaciones absurdas, el gobierno federal únicamente intenta construir una ‘nueva verdad histórica’ del caso Ayotzinapa para simular avances ante la opinión pública”, sentenció Osiris, esposa del médico César Manuel Espinoza.
Por su parte, Marcela Valladares, hermana del forense trasladado al Altiplano, exigió la intervención de organismos internacionales de derechos humanos para garantizar que los profesionistas reciban un juicio justo, argumentando que se les está juzgando por cumplir con sus funciones administrativas y técnicas de la época bajo un clima de coacción institucional.
