Familia de Mayela Álvarez exige juicio y acusa a la Fiscalía de NL de bloquear el caso con “trabas administrativas”
MONTERREY, NUEVO LEÓN.— A casi un lustro de la desaparición y posterior feminicidio de Griselda Mayela Álvarez Rodríguez, quien se desempeñaba como secretaria técnica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS Noreste), su familia alzó la voz para denunciar una red de negligencia institucional. Las víctimas indirectas acusaron a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León de postergar de manera deliberada el inicio del juicio oral.
Mayela Álvarez desapareció el 11 de agosto de 2020 en la zona metropolitana de Monterrey cuando se trasladaba a su centro de trabajo. Tras casi cuatro años de búsquedas e investigaciones independientes, sus restos óseos fueron localizados en abril de 2024 en el municipio de Santiago, Nuevo León.
Falta de respeto a las víctimas: Las suspensiones de última hora
Maya Hernández, hija de Mayela, encabezó una rueda de prensa donde calificó de “irrespetuoso” y “revictimizante” el trato que ha recibido por parte de la Fiscalía estatal y del Centro de Justicia para las Mujeres (CEJUM). La joven detalló que el juicio penal ha sido programado y cancelado en dos ocasiones consecutivas debido a fallas de coordinación interna entre ambas dependencias:
- Primera suspensión (Marzo): La familia fue notificada la noche anterior de que la audiencia de juicio se pospondría para mediados de mayo.
- Segunda suspensión (18 de mayo): Los familiares y testigos recibieron el aviso de cancelación apenas una hora antes de iniciar, cuando ya se encontraban listos para comparecer.
“Quienes participamos en este proceso judicial realizamos ajustes importantes en nuestras vidas personales, laborales y emocionales para acudir y cumplir con cada requerimiento solicitado”, expresó con indignación Maya Hernández.
El presunto responsable tras las rejas, pero sin condena
Aunque el proceso judicial se encuentra estancado en su fase intermedia, la familia confirmó que los detalles específicos de las pruebas se mantienen bajo reserva. Sin embargo, los antecedentes del caso apuntan a un sospechoso clave:
El respaldo de la comunidad académica
Durante el pronunciamiento público, personal docente y directivo del CIESAS Noreste se colocó hombro a hombro con los familiares de la víctima para exigir que el Poder Judicial del Estado fije una fecha inamovible para el debate de juicio oral. La comunidad universitaria enfatizó que no dejarán que el caso de su excolaboradora quede en el olvido ni se convierta en una estadística más de la impunidad en la entidad.
