Alertan por vacíos legales en casos de violencia vicaria tras la separación forzada de una madre y su hija en Monterrey
MONTERREY, NUEVO LEÓN.— La denunciante identificada como Yudith enfrenta la separación forzada de su hija de 12 años luego de que su expareja solicitara la custodia argumentando presunto riesgo para la menor. La medida, ejecutada mediante una orden judicial penal, ha encendido las alarmas entre especialistas en derecho familiar sobre el uso abusivo de recursos legales para cometer violencia vicaria en la entidad.
De acuerdo con litigantes del ramo, se ha incrementado el número de casos donde se vulnera el debido proceso y el interés superior de la niñez mediante resoluciones de jueces de control penal que contradictoriamente ignoran fallos o antecedentes del ámbito familiar.
Antecedentes de agresión e incumplimiento alimentario
La víctima señala que la medida sobre la menor se produce tras un historial sostenido de agresiones físicas, psicológicas y económicas por parte de su expareja:
- Historial de amenazas: Las agresiones verbales e intimidaciones de sustraer a la menor iniciaron en 2014, recrudeciéndose tras la separación formal de la pareja.
- Incumplimiento de pensión: En 2024, Yudith promovió una demanda por pensión alimenticia que derivó en un fallo a su favor. No obstante, el señalado ha incurrido en omisiones repetidas de pago, cubriendo de forma parcial únicamente hasta diciembre de 2025.
- Intromisión e informe psicológico: Luego de que el padre ocultara un dispositivo de rastreo digital en la mochila de la adolescente, la menor manifestó ante la psicóloga de la Fiscalía General de Justicia no sentirse preparada para continuar con las convivencias con el progenitor.
Contradicción entre jurisdicciones y ejecución de la medida
La custodia provisional fue concedida a través de una vía penal tras ser previamente desestimada por un tribunal en materia familiar:
- Cambio de fuero: Tras la negativa del juez de familia para retirarle la custodia a la madre, el padre acudió ante un juez de control penal argumentando supuesto maltrato. Como elemento probatorio presentó una captura de pantalla atribuida a un mensaje de WhatsApp con contenido sobre autoagresión, origen que la madre desmiente.
- Uso de la fuerza pública: El pasado 24 de junio de 2026, elementos de seguridad pública ejecutaron la diligencia retirando a la menor de su hogar. La madre sostiene que durante el procedimiento no se permitió la asistencia de su defensa legal.
- Incomunicación y riesgos: La medida incluyó una prohibición de acercamiento y comunicación entre madre e hija por un periodo de 30 días, el cual se busca extender. La madre alerta sobre el posible riesgo de que la menor sea trasladada fuera del país por familiares paternos, además del descuido en sus atenciones médicas y psicológicas.
Yudith hizo un llamado a las autoridades del Poder Judicial de Nuevo León para revisar minuciosamente los expedientes en los que se denuncie violencia vicaria, garantizando que prevalezca el bienestar e integridad de las niñas, niños y adolescentes por encima de estrategias de manipulación legal.
