Nuevo equipo de defensa asume la representación de Brenda Quevedo y exige su libertad inmediata
CIUDAD DE MÉXICO.— En un frente común inédito, un nuevo equipo multidisciplinario de defensa jurídica respaldado por prestigiosas universidades y organizaciones civiles asumió formalmente la representación legal de Brenda Quevedo Cruz. Tras casi dos décadas tras las rejas y bajo prisión preventiva, la defensa calificó el proceso penal como “uno de los mayores fracasos del sistema de justicia mexicano” y exigió su absolución inmediata.
En conferencia de prensa celebrada este lunes 29 de junio, los litigantes anunciaron la interposición de tres nuevos juicios de amparo diseñados estratégicamente para tumbar los últimos remanentes de la acusación y lograr que Quevedo Cruz sea liberada de forma definitiva.
Una defensa colectiva de alto perfil académico y civil
El nuevo cuerpo de abogados que tomó las riendas del expediente —iniciado en 2005 tras la denuncia de Isabel Miranda de Wallace por el presunto secuestro y homicidio de su hijo Hugo Alberto— está conformado por un bloque de especialistas de las siguientes instituciones:
- Clínicas Universitarias: La Clínica Jurídica “Minerva Calderón” de la IBERO Puebla y la Clínica de Interés Público del ITAM.
- Organizaciones Civiles: CEA Justicia, el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), Perteneces y el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social.
- Colectivos: La Red de Abogadas “Digna Ochoa”.
A la par, se anunció la creación de la Red Internacional de Solidaridad y Acompañamiento para Brenda Quevedo, una plataforma integrada por académicos, periodistas y activistas que vigilará con lupa el comportamiento de los jueces federales involucrados en el tramo final del caso.
Tortura acreditada por la ONU y la CNDH
La defensa reiteró que la acusación original se montó sobre una estructura ilícita de “crimen fabricado”. Se enfatizó que Brenda Quevedo fue víctima de tortura física, psicológica y sexual durante su detención con el objetivo de obligarla a firmar una confesión autoinculpatoria, documento que ella se negó rotundamente a suscribir.
Estas violaciones graves al debido proceso no son meras alegaciones de la defensa: ya han sido formalmente acreditadas y sancionadas mediante resoluciones emitidas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) y por el Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria de la ONU, dictámenes que el Estado mexicano ha mantenido congelados sin darles pleno cumplimiento.
Los precedentes que derrumban el caso
El equipo legal recordó que la acusación de la familia Wallace ha perdido toda sostenibilidad jurídica debido a los criterios recientes fijados por el Máximo Tribunal del país:
A pesar de que el periodo de instrucción del juicio se cerró formalmente hace 11 años, el juez de la causa ha postergado la emisión de una sentencia definitiva debido a una cadena de recursos interpuestos para dilatar el desenlace. Actualmente, Quevedo Cruz se encuentra fuera del penal bajo la medida cautelar de prisión domiciliaria.
Clamor de la imputada: “Nunca hubiera imaginado que tomara tanto tiempo poder demostrar mi inocencia y defender mi causa. Yo no tengo nada que ver con eso. Solo pido que me liberen, que ya me sentencien y me digan que esto ya se acabó”, expresó Brenda Quevedo a través de un mensaje compartido por sus defensores, quienes instaron al Poder Judicial de la Federación a emitir el fallo absolutorio sin más dilaciones política
