Comunidades indígenas y pescadores llevan pelea contra Pacífico Mexinol a la Suprema Corte.
Topolobampo, Sinaloa.— El conflicto por la instalación de la planta de metanol Pacífico Mexinol ha escalado a un punto crítico en el norte de Sinaloa. Tras una violenta protesta el pasado 23 de abril, donde colectivos mayo-yoremes y ambientalistas derribaron la estructura de la “primera piedra” —obligando al embajador de EE. UU., Ron Johnson, y a inversionistas de Transition Industries a refugiarse en un evento privado—, el movimiento opositor anunció que llevará su batalla legal hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La disputa central radica en la omisión de la consulta previa, libre e informada, un derecho constitucional y del Convenio 169 de la OIT. Los inconformes denuncian que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) autorizó el proyecto de 3.3 mil millones de dólares sin consultar a las comunidades indígenas y pesqueras de las bahías de Ohuira, Santa María y Topolobampo. A pesar de que el Juzgado Quinto de Distrito negó recientemente una suspensión definitiva contra la obra, los líderes del movimiento “¡Aquí No!” advirtieron que interpondrán recursos de revisión, acusando irregularidades procesales y favoritismo hacia la empresa.
El impacto social es de gran escala: la propia Manifestación de Impacto Ambiental de la empresa reconoce que 942 familias dependen directamente de la pesca en la zona de influencia, la cual temen sea devastada por el complejo industrial que planea producir más de seis mil toneladas diarias de metanol. Ante la presión social, el gobernador Rubén Rocha Moya se vio obligado a dialogar con los manifestantes, comprometiéndose a que la obra no avanzará sin el proceso consultivo, mientras el corredor Topolobampo-Ohuira se consolida como un foco de resistencia civil frente a la industrialización energética del estado.
