El gobierno federal exige a los residentes de viviendas subsidiadas comprobar su estatus legal en un plazo de 30 días.
Brownsville, Texas.- Residentes del Valle del Río Grande que reciben asistencia de vivienda gubernamental han comenzado a recibir notificaciones oficiales para volver a verificar su ciudadanía o estatus de residencia elegible. Esta medida responde a la directiva nacional “Cleaning House” de la administración Trump, la cual busca, según el Departamento de Vivienda y Desarrollo Urbano (HUD), corregir discrepancias detectadas en una auditoría que señaló a cerca de 200,000 hogares con posibles irregularidades a nivel nacional.
Aunque la ciudadanía o residencia legal ya era un requisito previo para solicitar estos apoyos, la nueva Orden Ejecutiva 14218 elimina la posibilidad de que existan “hogares de estatus mixto” (donde algunos integrantes tienen documentos y otros no). Las autoridades locales de vivienda y los propietarios que aceptan vales de asistencia tienen un plazo estricto de 30 días para completar las verificaciones e iniciar acciones correctivas; de lo contrario, enfrentarán sanciones que incluyen la pérdida total de fondos federales para operar.
En un comunicado, la Autoridad de Vivienda de Port Isabel enfatizó que esta medida no es discrecional y que están legalmente obligados a cumplir con las nuevas regulaciones del HUD. A pesar de reconocer el estrés y la incertidumbre que este proceso genera en la comunidad, la institución instó a los inquilinos a acercarse a sus oficinas para recibir asistencia en la recopilación de documentos, subrayando que el incumplimiento de la orden pondría en riesgo la continuidad de todos los programas de vivienda asistida en la región.
