Los homicidios de un líder limonero y de un alcalde exhiben un estado donde la extorsión, el miedo y las fallidas estrategias de seguridad dominan la vida diaria.
Apatzingán, Michoacán.- Los recientes asesinatos de un representante de productores de limón y del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, han revelado con mayor claridad hasta qué punto el crimen organizado controla amplias zonas de Michoacán. Para agricultores, sacerdotes y líderes locales, la extorsión es tan asfixiante que cosechar ya no resulta rentable, mientras que denunciar abusos puede significar una sentencia de muerte. Los crímenes subrayan una realidad sombría conocida desde hace años en Tierra Caliente: los cárteles imponen precios, movimientos e incluso quién vive y quién muere.
Manzo —considerado por muchos como “el Bukele mexicano” por su postura frontal contra los cárteles— fue asesinado a tiros ante cientos de personas durante las festividades de Día de Muertos, pese a estar rodeado de guardias. Su muerte desató protestas en todo el estado y acusaciones de que el gobierno ha perdido el control. Investigaciones vinculan el ataque al Cártel Jalisco Nueva Generación, mientras que varios escoltas del propio alcalde han sido imputados. El asesinato aumentó la presión sobre la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha reforzado el despliegue de tropas pero enfrenta un fuerte escepticismo tras décadas de estrategias fallidas.
En todo Michoacán, los grupos criminales emplean minas terrestres, explosivos lanzados desde drones y extorsión generalizada, obligando a las familias a huir o a armarse. Los productores de limón abandonan sus huertos, comunidades indígenas organizan patrullas de autodefensa y los civiles navegan entre líneas de combate cambiantes sin saber qué cártel controla su localidad en cada momento. A medida que Washington aumenta la presión —debido al papel de Michoacán en la importación de precursores químicos y la exportación de aguacate—, los habitantes dicen estar dispuestos a aceptar presión externa si eso obliga a actuar al gobierno. Aun así, muchos temen que, sin voluntad política firme, la “guerra interminable” continuará y las comunidades seguirán atrapadas entre el dominio criminal y un Estado ausente.
