La ley, originalmente programada para entrar en vigencia el 5 de marzo, había estado en espera mientras era impugnada por el Departamento de Justicia.
Washington.- El Tribunal Supremo dijo el martes que Texas puede, por ahora, usar una nueva ley estatal para detener y deportar a migrantes que ingresen o vivan ilegalmente en EE. UU., una pérdida para la administración Biden que ha estado luchando con el estado sobre cómo asegurar la frontera sur de la nación.
La suspensión fue levantada a pesar de las objeciones de los tres jueces liberales del tribunal.
“Hoy, el Tribunal invita a un mayor caos y crisis en la aplicación de la inmigración”, escribió la jueza Sonia Sotomayor en una disidencia a la que se unió la jueza Ketanji Brown Jackson. “Texas ahora puede hacer cumplir de inmediato su propia ley imponiendo responsabilidad penal a miles de no ciudadanos y exigiendo su expulsión a México”.
El Departamento de Justicia había calificado la ley de “absolutamente inconsistente” con decisiones pasadas del tribunal, que reconocieron que el poder para admitir y expulsar a los no ciudadanos reside únicamente en el gobierno federal, dijo el departamento al Tribunal Supremo.
Pero los funcionarios de Texas dijeron que el estado es la “primera línea de defensa” de la nación contra la violencia transnacional y que la ley es necesaria para hacer frente a las “consecuencias mortales de la incapacidad o falta de voluntad del gobierno federal para proteger la frontera”.
El estado también argumentó que el Tribunal Supremo no tenía que intervenir porque el Tribunal de Apelaciones de los Estados Unidos para el Quinto Circuito con sede en Nueva Orleans está abordando el problema en abril.
Dos de los jueces conservadores que permitieron que la ley entrara en vigencia, las juezas Amy Coney Barrett y Brett Kavanaugh, dijeron que el Departamento de Justicia puede volver al Tribunal Supremo si el Tribunal de Apelaciones del Quinto Circuito no decide rápidamente si la ley debería ser pausada hasta que se litigue completamente.
“Antes de que este tribunal intervenga en el expediente de emergencia, el Quinto Circuito debería ser el primero en moverse”, escribió Barrett.
Además del desafío del gobierno federal, la ley está siendo impugnada por el condado de El Paso, Texas, y el Centro de Defensa de Inmigrantes Las Américas, que proporciona representación legal gratuita a solicitantes de asilo y otros inmigrantes en El Paso.
La marcha de tres días organizada por el Proyecto de Defensa de Trabajadores llevó a los marchantes desde el Centro de Detención de Inmigrantes Hutto en Taylor, Texas, hasta la mansión del gobernador en Austin. La marcha fue organizada para protestar contra la oposición del gobernador de Texas, Greg Abbott, a las órdenes ejecutivas del presidente Obama sobre inmigración. El gobernador de Texas, Gregg Abbott, y los autores legislativos del proyecto de ley dicen que los policías estatales no se dirigirán a residentes de Texas de larga data, solo a aquellos sospechosos de cruzar ilegalmente dentro de la zona fronteriza. Los líderes comunitarios fronterizos y los defensores de los inmigrantes dicen que la ley afectará injustamente a sus comunidades mayoritariamente hispanas.
“Este es un momento muy lamentable debido al impacto que SB4 tendrá no solo para los inmigrantes sino también para las familias latinas y para Texas en general”, dijo Fernando García, director ejecutivo de la Red Fronteriza de Derechos Humanos con sede en El Paso, una organización sin fines de lucro que aboga por los inmigrantes.
“Cualquiera, incluso un ciudadano estadounidense, podría estar sujeto a cumplimiento solo por la relación que tiene con alguien que no tiene documentos”, dijo.
El fiscal general de Texas, Ken Paxton, lo llamó una “gran victoria”.
Señalando que la acción del tribunal el martes no es la última palabra sobre la ley, la respuesta de Abbott fue medida.
“Todavía tenemos que tener audiencias en el tribunal de apelaciones federal del quinto circuito”, escribió Abbott en las redes sociales. “Pero esto es claramente un desarrollo positivo”.
La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, dijo que la decisión hará que las comunidades en Texas sean menos seguras, cargará a las fuerzas del orden y sembrará “caos y confusión” en la frontera sur.
La ley, dijo, es “solo otro ejemplo de funcionarios republicanos politizando la frontera mientras bloquean soluciones reales”.
La decisión del Tribunal Supremo fue un revés para la administración Biden que recibió ayuda de los jueces en enero en otra pelea con Texas.
En una decisión por 5-4, el Tribunal Supremo permitió a la administración eliminar las barreras de alambre de púas que Texas erigió a lo largo de un tramo de 29 millas del río Grande destinado a bloquear a los migrantes en la frontera suroeste.
Abbott, un republicano, autorizó la instalación del alambre de púas como parte de un esfuerzo más amplio para disuadir a los migrantes de cruzar la frontera entre EE. UU. y México. Eso incluyó un tramo de la ribera del río en Eagle Pass, gran parte del cual es tierra privada.
Pero montones de alambre de púas instalados por la Guardia Nacional de Texas, por orden del gobernador, permanecen en las orillas del río Grande en El Paso.
Los opositores de la ley dijeron que la lucha no había terminado.
“Si bien estamos decepcionados, esto ciertamente no es el final de la historia para nuestros desafíos y el desafío de los Estados Unidos a la ley”, dijo Anand Balakrishnan, abogado principal de la ACLU.
“El Tribunal Supremo no comentó sobre los méritos del problema”, dijo. “Solo dijeron que no es el momento adecuado para su participación”.
