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Thomas no incluyó sus viajes en los informes financieros que debe entregar al Tribunal Supremo en cumplimiento a la ley anticorrupción que fue aprobada tras el escándalo del Watergate en la década de 1970.
Washington.- El juez del Tribunal Supremo de EE.UU. Clarence Thomas se fue de vacaciones durante más de dos décadas en superyates y aviones privados pagados por un donante del Partido Republicano, en lo que podría constituir una violación de una ley anticorrupción, reveló este jueves ProPublica.
Thomas, uno de los jueces más conservadores del Supremo y con un cargo vitalicio, aceptó todos los años en ese periodo los viajes que le ofrecía el conocido donante republicano y magnate inmobiliario Harlan Crow, según esa organización periodística de investigación sin ánimo de lucro.
Sus pesquisas, basadas en entrevistas y documentos internos, apuntan que Thomas ha recorrido el mundo en el superyate de Crow, ha viajado con él en su avión privado y ha ido con él a un exclusivo resort solo para hombres en California, además de viajar al rancho del magnate en el este de Texas.
Thomas, además, tiene por costumbre pasar una semana todos los veranos en un résort privado que Crow tiene en las montañas de Adirondack, en el noreste del estado de Nueva York.
A muchos de esos viajes también acudió la esposa del magistrado y activista conservadora Virginia “Ginni” Thomas, envuelta en la polémica por haber presionado al jefe de gabinete del que fuera presidente de EE.UU. Donald Trump (2017-2021) para que se anulara la victoria del demócrata Joe Biden en los comicios de 2020.
El problema de todos esos viajes es que Thomas no los incluyó en los informes financieros que debe entregar al Tribunal Supremo en cumplimiento con una ley anticorrupción que fue aprobada tras el escándalo del Watergate en la década de 1970.
Tras las revelaciones publicadas por ProPublica, algunos miembros del Partido Demócrata cuestionaron su comportamiento.
Una de las más duras fue la legisladora izquierdista Alexandria Ocasio-Cortez, quien consideró que Thomas debería ser sometido a un proceso de “impeachment” (juicio político), la única forma que existe para destituir a un magistrado del Supremo, ya que esos cargos son vitalicios.
“Este grado de corrupción es impactante, casi caricaturesco”, consideró en Twitter.
Además, el senador demócrata Dick Durbin estimó que la información de ProPublica demuestra que el Tribunal Supremo debe estar sujeto a normas, como cualquier otro organismo del Estado, y prometió que el comité judicial del Senado, que él mismo preside, “actuará”.
Durbin no especificó qué acciones tomará su comité, pero una de sus potestades es convocar audiencias públicas para examinar casos como este.
Thomas, de 74 años, fue nombrado en 1991 por el presidente republicano George H.W. Bush (1989-1993) y, durante sus más de treinta años en el Supremo, ha mantenido algunas de las posiciones más conservadoras en temas como el derecho al aborto.
