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Su abogado defensor, Miguel Ontiveros Alonso, había propuesto un acuerdo reparatorio, sin embargo fue rechazado.
Ciudad de México.- Hace un año, Emilio Lozoya fue extraditado a México y vinculado a proceso. Sin embargo, a finales del 2021, su situación cambió al difundirse fotos suyas en un restaurante de lujo mientras afrontaba acusaciones de corrupción. Como resultado, el 3 de noviembre un juez modificó la medida cautelar imponiéndole prisión preventiva justificada, por lo que actualmente Lozoya se encuentra en el Reclusorio Norte y enfrenta cargos por los casos Odebrecht y Agronitrogenados.
En vista de lo anterior, el ex director de Pemex presentó una demanda de amparo para evitar el juicio. Sin embargo, el juez Gerardo Alarcón López dictó auto de apertura al juicio, el cual podría iniciar en los próximos días. La Fiscalía General de la República (FGR) solicitó una pena de hasta 46 años de cárcel para Lozoya y 21 años para su madre Hilda Margarita Austin durante la audiencia intermedia del lunes.
La Fiscalía General de la República acusa a Lozoya de haber cometido lavado de dinero y cohecho, y solicita una compensación por los daños ocasionados, por un importe de 1 millón 385,000 dólares por el primer delito; 5 millones 951,000 dólares por el segundo, y 7.3 millones de dólares por el caso Odebrecht.
Durante la audiencia, el juez autorizó a la Fiscalía General de la República (FGR) a presentar cinco pruebas contra Lozoya; asimismo, el abogado Miguel Ontiveros, líder de la defensa del ex funcionario, obtuvo la aprobación para que 20 personas testificaran en su favor, así como para presentar ocho pruebas adicionales.
Al llegar a la audiencia, el abogado y defensor de Lozoya, Miguel Ontiveros Alonso, dio a conocer que el exdirector de Pemex, ofrecería a las autoridades más de 200 mdp para firmar el acuerdo de reparación del daño del caso Odebrecht.
Ontiveros Alonso insistió ante medios de comunicación que durante la audiencia de este lunes 13 se solicitaría que se proceda a la reparación del daño.
La audiencia de Lozoya se inició el viernes 10 de marzo y duró más de siete horas, sin embargo, se pospuso hasta el lunes a las 14:00 horas (hora local de la Ciudad de México).
El viernes, durante la comparecencia de Lozoya ante el Juez Penitenciario del Reclusorio Norte, el Juez descartó tres pruebas fundamentales presentadas por la Fiscalía General de la República en relación con información bancaria en paraísos fiscales suizos relacionada con el exdirector de la petrolera mexicana, argumentando la violación del secreto bancario.
Con este pago, Lozoya y su equipo jurídico buscaban apegarse a un criterio de oportunidad y evitar los cargos penales por lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa en un juicio y una pena mínima de prisión que solicitaría la FGR.
Emilio Lozoya sigue bajo proceso por dos cargos de corrupción. Uno, sobre la adquisición a sobreprecio de la planta Agronitrogenados, la cual fue adquirida al empresario Alonso Ancira, dueño de Altos Hornos de México, y por la cual se presume que recibió sobornos.
También tiene la medida de prisión preventiva en el proceso que se le sigue por presuntamente haber recibido al menos 10.5 millones de dólares en sobornos de la empresa brasileña Odebrecht, cuando fue parte del equipo de campaña de Enrique Peña Nieto y después durante la presidencia de éste entre los años 2012-2018.
El magistrado rechazó el argumento y reconoció a ambas entidades como víctimas de los abusos cometidos por el ex director de Pemex, una decisión que la defensa ha intentado desafiar mediante un juicio de garantías sometido el lunes.
Los abogados de Lozoya buscan mediante el amparo obtener una suspensión temporal y permanente que impida al juez emitir la resolución de inicio de juicio.
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