Fueron acusadas de un esquema de fraude de $685,800 dólares en préstamos gubernamentales.
McAllen, Texas.– Cinco residentes del Valle del Río Grande han sido acusados de fraude electrónico por su participación en un esquema que utilizó de manera fraudulenta los programas de préstamos del COVID-19. Según el fiscal de Estados Unidos, Nicholas J. Ganjei, los acusados, identificados como Sandra Pope Solis, Lesley Chavez, Rolando Santiago Benitez, Bernardo Gomez Jr. y Edgar De La Garza, se enfrentan a penas de hasta 20 años de prisión y una multa de 250,000 dólares si son declarados culpables.
Una acusación formal de ocho cargos, presentada el 5 de agosto, detalla que los cinco individuos presentaron solicitudes de préstamos fraudulentas a la Administración de Pequeñas Empresas (SBA). Los acusados habrían ayudado a alterar o crear documentos fiscales falsos para inflar la cantidad de dinero que se les aprobaría. Una vez obtenidos, los fondos se utilizaron para gastos personales en lugar de ser destinados a nóminas y gastos de pequeñas empresas, como se había estipulado.
El fraude resultó en una pérdida total de $685,800 dólares para el gobierno. Los acusados ya han comparecido ante un juez federal, y su arresto pone de manifiesto el esfuerzo de las autoridades por combatir el fraude relacionado con la pandemia. La investigación continúa para asegurar que se haga justicia.
