La decisión del Departamento de Salud de Idaho refleja un creciente rechazo regional hacia las recomendaciones federales de vacunación, generando preocupación entre expertos de salud pública.
Estados Unidos.- El Departamento de Salud del Distrito Suroeste de Idaho votó el 22 de octubre a favor de suspender su programa de vacunación contra COVID-19, sumándose a otras agencias de salud regionales que cuestionan las recomendaciones federales. Los miembros de la junta, representando seis condados, expresaron dudas sobre la seguridad de la vacuna, decisión que ha sido celebrada por algunos residentes locales, aunque causa preocupación en expertos de salud.
En otros estados, como Texas, Florida y Michigan, también se ha cuestionado o limitado el acceso a las vacunas. Texas prohibió el uso de fondos estatales para promover campañas de vacunación, mientras que en Florida, el Departamento de Salud advirtió a los ciudadanos contra las vacunas de ARN mensajero, siguiendo recomendaciones del cirujano general del estado. En Michigan, el condado de Ottawa rechazó un fondo de $900,000 destinado a salud pública, limitando recursos destinados a combatir el COVID-19.
Expertos temen que decisiones como la de Idaho puedan afectar el acceso a servicios de salud vitales en comunidades vulnerables. Según el Dr. Karl Minges, de la Universidad de New Haven, estos cambios pueden impactar especialmente a personas sin acceso a servicios médicos asequibles, como los residentes en instalaciones de cuidado a largo plazo. Esta tendencia se percibe como un abandono de los deberes de salud pública por parte de las autoridades locales.
Algunos especialistas en derecho, como Stacey Lee de la Universidad Johns Hopkins, cuestionan la legitimidad de estas decisiones, que desafían la autoridad de la FDA en temas de seguridad de vacunas. Estas medidas, según Lee, podrían llevar a batallas legales en el futuro.
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