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Hace unos cuantos días compartía con mi compañera y motivo de vida -me parece reducido decirle solamente “esposa”- la preocupación que tenía sobre nuestra situación económica. En esa plática no dudé en afirmar que éramos pobres, como tampoco ella dudó para desmentirme de inmediato.
“¿Pobres? ¿Acaso no desayunamos, comemos y cenamos? ¿Qué no tenemos un techo que nos cubre y croquetas para nuestros perros?”. Tema sellado, argumentos irrebatibles.
Pero ¿cuál es el motivo de esta declaración patrimonial? Quizá responde a la constante búsqueda que emprendemos los humanos para encontrar con quienes compararnos, extendible, por supuesto, a las administraciones públicas.
Para explicar lo anterior, bastaría traer al presente la falta de respeto a la palabra que llevó a decir “no somos como los de antes”. Sin pedírselo, los hechos cambiaron el rol de mi esposa por el de la realidad y confirmaron que todo permanece igual, porque, simplemente, tanto la esencia humana como los mecanismos para conservar el poder desconocen colores o emblemas de partido.
Sin embargo, hay comparaciones que sí muestran contrastes, como sucede cuando se pone a Coahuila frente a su vecino Nuevo León, estado este último que fue referente nacional por su progreso y liderazgo, pero que hoy permite ver a la primera entidad como la Suiza regional, que más allá de discusiones acerca del turismo religioso, comparativamente aparece gobernada por un Churchill.
Cómo no apuntar tal juicio, si el domingo amanecí conociendo un hecho que me conduce a presentar aquí una idea que durante mucho tiempo rehusé desordenar en letras.
La nueva toma de rehenes ciudadanos en la disputa entre el gobernador nuevoleonés, Samuel García, y los diputados locales del PRI-PAN-PRD, surgió cuando Martha Herrera, secretaria de Igualdad e Inclusión del Estado (imaginen hasta dónde hubiera llegado cualquier otra dependencia con título diferente), declaró que, dado que el Congreso local no ha aprobado el paquete fiscal 2025, suspendía la convocatoria para distribuir más de 100 millones de pesos a organismos que apoyan causas humanas y sociales, entre los que figuran asociaciones que ayudan a enfermos de cáncer ¡y migrantes! (¿así o más visionaria la cancelación de fondos?).
¿Coahuila u otro estado hubiera llegado a eso? Ni soy pobre como me suponía, ni el proselitismo allende fronteras de Manolo Jiménez, mandatario coahuilense, tiene la posibilidad de ubicarlo en el “top ten” del cuadro de horror de los gobernadores.
La referida cancelación nuevoleonesa de fondos, hace que me atreva a bocetar un pensamiento que apabulla mi limitado raciocinio: en tanto la democracia sea un sistema de gobierno sustentado sólo por el número de sufragios, pero ajeno a la educación de los votantes y salud mental de los votados, no pasará de ser la mejor manera para que la plutocracia disfrace su poder o para que se convierta en patente para hacer a un lado la razón en el que debería ser ejercicio responsable de gobierno.
Evoco la nota periodística que leí hace algunos ayeres donde se informaba sobre la política laboral de una aerolínea nórdica -si mal no recuerdo-, que consistía en el derecho de los pilotos para excusarse de volar si habían discutido ese día con su pareja.
Sin más trámite, de acuerdo con esa noticia, bastaba comunicar verbalmente lo acontecido para que la empresa asignara otro piloto, sin detrimento del salario del trabajador agobiado por el conflicto. Además de llevarme a pensar acerca de la responsabilidad de los empleados y confianza de la compañía para hacer viable una medida así, no pude resistirme a imaginar qué sucedería en México si se implantara una política de esa naturaleza. ¿Habría vuelos? ¿Se reduciría dramáticamente el número de pilotos sin pareja?
Empero, lo que consideré verdaderamente importante fue el papel que una organización daba al estado mental de quienes tenían la responsabilidad de velar por muchas personas.
¿Por qué entonces, sabiendo que la educación es factor esencial para la toma de buenas decisiones, pero que es parte de un largo tránsito, no incluir por lo pronto en el protocolo democrático la integración de un certificado de salud mental y personalidad apta para gobernar, tan importante como la declaración patrimonial y de intereses que debería cumplir todo funcionario?
Salvo su mejor punto de vista, lector, el tema aún no se agota. Ojalá la próxima semana me distinga de nuevo con su paciencia.
