Primera gran protesta contra el plan de austeridad de José Antonio Kast deja 35 detenidos y crisis diplomática con Colombia
SANTIAGO DE CHILE.— El Palacio de La Moneda enfrenta su primera gran crisis social. Una masiva movilización estudiantil y ciudadana realizada el pasado miércoles 3 de junio derivó en violentos enfrentamientos en el centro de la capital chilena, dejando un saldo oficial de 35 personas detenidas, al menos seis heridos y una profunda polémica internacional por los métodos de dispersión utilizados por las fuerzas de seguridad.
La protesta civil surge en un contexto de creciente descontento social hacia el presidente de derecha José Antonio Kast, quien a pocos meses de asumir el poder (en marzo pasado) ya acumula un índice de desaprobación ciudadana del 53%, impulsado por la aplicación de un severo plan de ajustes fiscales.
Las causas del descontento: El plan de recorte de $6,000 millones
La marcha, convocada originalmente de forma pacífica por la Confederación de Estudiantes de Chile (Confech), el Colegio de Profesores y la Coordinadora Feminista 8M, aglutinó el rechazo de diversos sectores hacia el nuevo rumbo económico del país. Los inconformes reclaman cuatro puntos estructurales:
- Recorte Presupuestario Masivo: El plan de austeridad del Ejecutivo contempla un tijeretazo de 6 mil millones de dólares en un plazo de 18 meses para frenar el déficit estructural, obligando a todos los ministerios a reducir sus gastos en un 3%, afectando gravemente los fondos destinados a las universidades y escuelas públicas.
- Combustibles al alza: El encarecimiento de las gasolinas, resentido directamente en el costo de la canasta básica y el transporte de las familias de clase media y baja.
- Ley “Escuelas Protegidas”: Una iniciativa oficial que los estudiantes rechazan al considerar que prioriza el control policial y las sanciones punitivas dentro de las aulas, en lugar de financiar psicólogos o programas de prevención contra la violencia escolar.
- La “Megarreforma” de Reconstrucción: Proyecto que ya fue aprobado por la Cámara de Diputados a finales de mayo y que avanza hacia el Senado. Esta reforma busca achicar el gasto del Estado y reducir los impuestos a las grandes corporaciones del 27% al 23% bajo el argumento de reactivar la economía chilena, actualmente en recesión; una medida catalogada por la oposición como un beneficio exclusivo para las élites empresariales.
Represión en las calles y una estudiante en estado grave
La tensión estalló cuando las Fuerzas Especiales de Carabineros interceptaron la columna humana utilizando carros lanzagua (hidrantes) y gases lacrimógenos. Mientras la dirigencia estudiantil —representada por Sofía Ávila de la Universidad Diego Portales— denunció que la policía reprimió desde el primer minuto usando como pretexto que los manifestantes se salieron de la ruta autorizada, el gobierno aseguró que la intervención fue necesaria luego de que grupos radicales bloquearan avenidas, suspendieran el servicio del Metro y atacaran patrullas con piedras.
El punto álgido de la jornada ocurrió tras la viralización de imágenes de una estudiante universitaria con el rostro ensangrentado. El Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) confirmó que la joven ingresó de emergencia a un hospital con heridas craneales de carácter grave, requiriendo una intervención quirúrgica de urgencia, lo que desató una oleada de repudio en redes sociales.
El eco de la violencia cruzó las fronteras de inmediato. El presidente de Colombia, Gustavo Petro, reaccionó públicamente al caso a través de sus plataformas oficiales, manifestando su profunda preocupación por el uso de la fuerza en Chile y haciendo un llamado urgente a los mandatarios de la región a evitar que se repitan episodios de violencia estatal contra la juventud en América Latina.
El Gobierno de Kast respalda la acción policial
Ante el costo político de la jornada, el Ejecutivo chileno cerró filas con los uniformados y adoptó una postura de tolerancia cero:
El ministro Arrau fue tajante al señalar que la violencia no se va a normalizar en su administración, ratificando el respaldo absoluto del gobierno a los policías que disolvieron los disturbios. Por su parte, la Confech acusó al Palacio de La Moneda de diseñar una ratonera de forma deliberada para provocar los desmanes, justificando así el uso de la fuerza para amedrentar el movimiento. Los sindicatos y federaciones estudiantiles advirtieron que las marchas no se detendrán y que radicalizarán las protestas si el Senado aprueba la reducción de impuestos a las grandes empresas.
