FGR cita a comparecer a la gobernadora Maru Campos por escándalo de agentes estadounidenses abatidos en Chihuahua.
CHIHUAHUA, CHIHUAHUA.— La Fiscalía General de la República (FGR) sacudió el escenario político nacional al notificar formalmente a la gobernadora panista de Chihuahua, María Eugenia “Maru” Campos Galván, un citatorio obligatorio para comparecer en calidad de testigo. La diligencia ministerial está directamente vinculada a las investigaciones federales por una presunta violación a la soberanía nacional, tras descubrirse la operación ilegal de agentes de inteligencia de los Estados Unidos (presuntamente ligados a la CIA) en la entidad.
El requerimiento penal fue entregado en mano por agentes ministeriales federales el mediodía del sábado 23 de mayo a las afueras del Palacio de Gobierno, siendo recibido por el consejero jurídico del estado. La cita ante el Ministerio Público Federal quedó pactada para este próximo miércoles 27 de mayo de 2026 a las 10:00 horas en las instalaciones de la FGR en Ciudad Juárez.
El operativo clandestino en la Sierra Tarahumara
El expediente que tiene a la gobernadora bajo el escrutinio de la Federación emana de un violento operativo táctico ejecutado los días 17 y 18 de abril pasados en la Sierra del Pinal, en la región de la Sierra Tarahumara. De acuerdo con las carpetas de investigación de la FGR, en dicha incursión destinada al desmantelamiento de un mega laboratorio de metanfetaminas participaron de manera activa y armada efectivos de agencias de seguridad estadounidenses.
El escándalo bilateral estalló debido a que durante el tiroteo con los carteles de la droga murieron dos agentes vinculados a las agencias de inteligencia de EE. UU., exponiendo de forma pública que personal extranjero realizaba tareas operativas reservadas exclusivamente a las fuerzas federales mexicanas. Por tal motivo, la FGR abrió dos carpetas federales encaminadas a indagar quién autorizó el ingreso y despliegue del personal norteamericano; además de Maru Campos, el exfiscal general del estado también ha sido citado para rendir su declaración ministerial.
Presión de la Federación y amago de Juicio Político
La reacción del gobierno local fue de confrontación. Maru Campos confirmó públicamente la recepción del citatorio y aseguró que acudirá a Ciudad Juárez a declarar de forma presencial a pesar de gozar de fuero constitucional, aunque arremetió contra las formas del procedimiento:
“Aquí estoy por supuesto, dando la cara (…) se está afectando la institucionalidad del estado de Chihuahua”, acusó la mandataria panista frente a los medios de comunicación.
Sin embargo, desde el centro del país la presión ha escalado al máximo nivel:
- La Mañanera del Pueblo: La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó severamente los alcances de los convenios de colaboración en seguridad e inteligencia que el gobierno de Chihuahua firmó de manera bilateral con autoridades de Texas sin la validación del Gobierno Federal, exigiendo que se aclare si se vulneró la Constitución.
- Morena y el PT: La dirigencia nacional de Morena, encabezada por Ariadna Montiel Reyes, acusó formalmente al gobierno de Chihuahua de “atropellar la soberanía nacional”. Ante esto, legisladores de la coalición oficialista iniciaron los trámites parlamentarios para emprender un juicio político tendiente a la destitución de la gobernadora.
- Protestas masivas: El descontento social se materializó el 20 de mayo con una “Marcha por la Seguridad y la Paz” en la capital del estado, la cual reunió a más de 10,000 personas movilizadas por Morena para denunciar el intervencionismo extranjero y la ola de violencia que azota la entidad.
Chihuahua: El epicentro de la violencia en el país
Este choque de poderes se suscita en el momento más crítico para la seguridad del estado grande. Según las cifras oficiales del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), durante el mes de abril de 2026, Chihuahua concentró el 8.2% de los homicidios dolosos de todo México, posicionándose de manera alarmante como la entidad con la mayor incidencia delictiva y ejecución de violencia violenta en todo el territorio nacional.
