Rechaza cancelar audiencia de huelga.
CIUDAD DE MÉXICO.— El conflicto laboral en el Nacional Monte de Piedad ha tomado un nuevo matiz legal. El Tribunal Laboral Federal de Asuntos Colectivos emitió un fallo determinante al rechazar la solicitud de la institución prendaria para cancelar la audiencia conciliatoria programada para este 11 de mayo, dentro del procedimiento de huelga 1001/2025.
A pesar de los intentos de la administración por evitar la comparecencia directa de sus directivos, la autoridad judicial se mantuvo firme, señalando que el avance en las negociaciones ha sido insuficiente para justificar la suspensión de los mecanismos judiciales de conciliación.
Los argumentos de la empresa
La representación legal de Nacional Monte de Piedad intentó frenar la cita bajo dos premisas principales:
- Autonomía de representación: Argumentaron que la ley no obliga a los integrantes del Patronato a comparecer personalmente, delegando la responsabilidad únicamente en sus apoderados legales.
- Vía alterna: Sostuvieron que ya existe un proceso de dictamen impulsado por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) al que ambas partes se han sumado.
La resolución del Tribunal
El juez fue enfático al desestimar estas razones, fundamentando su decisión en la falta de resultados tangibles:
- Sin avance verificable: En el expediente no existe constancia de que el conflicto esté cerca de resolverse de manera “efectiva y concreta”.
- Trascendencia del conflicto: El Tribunal considera indispensable la presencia de los miembros del órgano directivo, dado que las decisiones necesarias para terminar con la huelga requieren un nivel de autoridad que los representantes comunes podrían no tener.
- Postura Unilateral: Calificó las manifestaciones de la empresa como “apreciaciones unilaterales” que no invalidan la orden judicial previa.
Impacto en el Sindicato
La resolución ya fue notificada oficialmente al Sindicato Nacional de Empleados y Trabajadores (SNETNMPEPPSF). Para los trabajadores, este fallo representa un espaldarazo judicial, ya que obliga a las “cabezas” de la institución a sentarse en la mesa de negociación, elevando la presión para que se presente una oferta que pueda dar por terminada la huelga que afecta a miles de usuarios y empleados a nivel nacional.
