Con embalses a niveles críticos, la capital petroquímica enfrenta una crisis de suministro que confronta a ciudadanos contra gigantes corporativos.
CORPUS CHRISTI, Texas.— El paisaje del Lago Corpus Christi se ha transformado en un terreno árido donde los muelles cuelgan sobre el pasto y estructuras históricas, antes sumergidas, vuelven a ver la luz. Tras cinco años de sequía ininterrumpida, esta ciudad costera atraviesa una emergencia hídrica sin precedentes: el Lago Corpus Christi se encuentra a apenas el 9% de su capacidad, mientras que el embalse de Choke Canyon ha caído por debajo del 8%. Este escenario no solo amenaza el consumo doméstico, sino que pone en jaque al motor económico de la región, una zona que alberga refinerías, acerías y plantas de exportación de gas de importancia nacional. La paradoja es alarmante: mientras los residentes enfrentan multas por regar sus jardines, tan solo 12 empresas consumen el 55% del agua de la ciudad, evidenciando una dependencia industrial insaciable que choca de frente con la realidad climática.
La crisis ha desatado tensiones políticas profundas, con el gobernador de Texas, Greg Abbott, acusando a los funcionarios locales de “despilfarrar” fondos y amenazando con una intervención estatal para microgestionar el recurso. El núcleo de la controversia radica en la construcción de una planta desalinizadora de 1,300 millones de dólares, un proyecto que se ha debatido por una década pero que ha sido frenado por sus altos costos y el temor de los residentes a que la salmuera concentrada dañe el ecosistema marino de la bahía. Grupos comunitarios denuncian que las autoridades atrajeron a gigantes industriales con promesas de agua basadas en infraestructuras que aún no existen, dejando a los contribuyentes con la carga financiera de proyectos diseñados principalmente para el beneficio comercial.
Si no se registran lluvias intensas en las próximas semanas, Corpus Christi entrará en una “emergencia hídrica de nivel 1” en mayo, lo que dejaría a la ciudad con apenas 180 días de suministro garantizado. Aunque las empresas han pagado recargos para evitar restricciones menores, este nuevo nivel de alerta obligaría a todos los sectores a reducir su consumo en un 25%. El administrador municipal, Peter Zanoni, advierte que aplicar estos recortes a la industria es un terreno peligroso que podría derivar en cierres de plantas y pérdida masiva de empleos. Mientras tanto, el tiempo corre y la ciudad se prepara para una votación crucial en abril que determinará si apuesta su futuro a la desalinización o si sucumbe ante un horizonte cada vez más seco.
