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Esta demanda se enmarca en un contexto más amplio de esfuerzos y presión social para restringir la participación de atletas transgénero en competiciones deportivas femeninas.
Estados Unidos.- El fiscal general de Texas, Ken Paxton, presentó una demanda contra la Asociación Nacional Atlética Universitaria (NCAA por sus siglas en ingles) con el objetivo de impedir que atletas transgénero participen en deportes femeninos, argumentando que esto engaña a los aficionados. La demanda, presentada en un tribunal estatal en Lubbock, alega que la NCAA viola la Ley de Prácticas Comerciales Engañosas de Texas al promocionar deportes femeninos que podrían incluir a atletas transgénero, lo que supuestamente confunde a los consumidores al no cumplir con las expectativas anunciadas.
Esta demanda se enmarca en un contexto más amplio de esfuerzos y presión social para restringir la participación de atletas transgénero en competiciones deportivas femeninas.
Paxton solicita una orden judicial que prohíba a la NCAA la participación de estos atletas en Texas o, alternativamente, que deje de comercializar eventos como deportes “femeninos” si incluyen a personas transgénero. En su declaración, Paxton mencionó casos recientes, como el de un equipo de voleibol femenino de la Universidad Estatal de San José, que generaron controversia debido a la presencia de una jugadora transgénero.
La NCAA, por su parte, no rastrea datos específicos sobre atletas transgénero entre los más de 544,000 deportistas que compiten actualmente en sus equipos. Según el presidente de la NCAA, Charlie Baker, hay menos de 10 atletas transgénero activos en sus competencias. La organización subrayó su compromiso con la promoción del Título IX, la inversión en deportes femeninos y la garantía de una competencia justa en todos sus campeonatos, aunque evitó comentar sobre la demanda en curso.
Desde 2010, la NCAA ha establecido políticas que exigen un año de terapia de supresión de testosterona para atletas asignados como hombres al nacer que deseen competir en equipos femeninos. Estas políticas fueron revisadas en 2022 para alinearse con las regulaciones de cuerpos gobernantes nacionales e internacionales, aunque continúan siendo objeto de debate.
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