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Un esquema de prescripciones y pruebas de COVID-19 genera investigaciones federales en Texas.
McAllen, Texas.- El concejal de Mission, Texas, José Alberto “Beto” Vela, ha sido acusado de pagar sobornos al pediatra Francisco Zarzar a cambio de prescripciones médicas enviadas a su farmacia, TLC Pharmacy and Medical Equipment #2. Según una denuncia de decomiso civil presentada por la Oficina del Fiscal de los Estados Unidos, Vela habría pagado miles de dólares a Zarzar, quien promovía su farmacia entre los pacientes y utilizaba tácticas para persuadirlos a adquirir medicamentos allí. Además, se alega que Vela pagó a Zarzar $5 por cada prueba de COVID-19 realizada bajo un esquema en el que este último figuraba como director de laboratorio, aunque aparentemente no cumplía con dichas responsabilidades.
Entre 2018 y 2024, Zarzar recibió cerca de $175,000 en cheques de Vela y empresas asociadas, además de depositar más de $1.7 millones en efectivo, cuyo origen legítimo no pudo ser identificado por el FBI. Registros de la clínica mostraron ingresos mínimos en efectivo, lo que levantó sospechas sobre las grandes sumas depositadas. Documentos revisados por las autoridades sugieren que Vela también manejaba importantes cantidades de efectivo, utilizando empleados de su farmacia para encubrir transacciones. Durante una redada en la clínica de Zarzar en junio, se confiscaron monedas de oro, cartas de Pokémon y objetos históricos, entre otros bienes.
Las investigaciones también revelaron mensajes de texto que implican una colaboración estrecha entre Vela y Zarzar para ajustar prescripciones en función de los intereses financieros de la farmacia y no del bienestar de los pacientes. En uno de los casos, Vela sugirió añadir medicamentos a una receta para aumentar los pagos de Medicaid. Entre 2020 y 2021, TLC #2 se convirtió en la principal farmacia de Zarzar, facturando más de $1.5 millones al programa Medicaid, superando a las siguientes nueve farmacias combinadas en términos de facturación relacionada con el médico.
Aunque tanto Vela como Zarzar no enfrentan cargos penales, la denuncia civil busca confiscar propiedades relacionadas con los esquemas. Sus abogados niegan las acusaciones, argumentando que son solo alegatos y confían en resolver el caso en los tribunales. Una audiencia inicial está programada para marzo, mientras las autoridades continúan investigando la magnitud de las presuntas irregularidades.
